La Comisión de Derechos Humanos del parlamento costarricense aprobó hoy por unanimidad una moción para que la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, visite a la brevedad posible Nicaragua para verificar las condiciones en las que se encuentra detenido un costarricense esposo de una ex viceministra de seguridad buscado por la justicia de México.
La moción contiene un llamado al parlamento y a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua a que gestionen la visita humanitaria de Solano a El Chipote, la cárcel donde permanece el empresario costarricense y esposo de la ex viceministra de seguridad, Marcela Chacón; José Daniel Gil Trejos, quien permanece detenido desde el pasado 26 de mayo y según Costa Rica, en condiciones infrahumana.
La moción llega luego de que familiares del reo y hasta el propio gobierno costarricense, a través de su cancillería, denunciara la poca información del gobierno de Nicaragua sobre su captura y las condiciones deplorables en las cuales se encontraba, con restricción a visita consular y a las leyes.
La diputada social cristiana miembro de la comisión parlamentaria, Rosibel Ramos, dijo que la iniciativa surgió ante las últimas noticias sobre el detenido, de complicaciones en su estado de salud como delgadez, restricción a visitas y torturas.
“Ante la situación difícil queremos que la defensora pueda visitarlo en la cárcel, conversar con él y que nos informe sobre sus condiciones”, explicó.
La Defensora Solano indicó que durante esta semana han gestionado con la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua garantía de derechos y un trato digno al reo.
Añadió que sus gestiones no han sido respondidas, pero advirtió que no se dará por vencido hasta que se conozca si permitirá la Policía de Nicaragua el ingreso de un abogado y un médico a la celda donde está Gil.
Desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la versión policial de Nicaragua, de que Gil fue detenido por una alerta de captura internacional girada por México a través de la interpol, el caso literalmente se ha disipado y ahora sus familiares se han enfocado en denunciar violación de sus derechos humanos.
El OIJ no solo confirmó la alerta de captura que desde 2013, aparentemente por fraude comercial en bienes raíces, sino que alertó a Nicaragua previo a su salida de Costa Rica el 26 de mayo, ya que al ser natural tico no lo puede capturar.
La cancillería costarricense, familiares y los medios de comunicación “insinuaron” que la detención de Gil, el de otro tico que ingresó a Nicaragua con sellos migratorios falsos y el de un tercero que pasó encarcelado un mes aparentemente por problemas migratorios; era una fijación de las autoridades pinoleras contra los ticos.
La cancillería tica recomendó a sus ciudadanos a reportarse al consulado de Costa Rica en Managua antes de viajar a Nicaragua, se activó la arraigada xenofobia en una parte de la sociedad costarricense contra los inmigrantes nicaragüenses y hubo cancelación de viajes a territorio pinolero.
Hoy la propia esposa de Gil, quien fue viceministra de Gobernación hace más de un año, dijo en su periplo por la prensa local desconocer la existencia de la orden de captura mexicana.
Pidió a su país no “bajar la guardia” para que se le garanticen sus derechos y que “otra familia costarricense” no sufra la angustia como la de ella.
