Los diputados Wilfredo Navarro y Jaime Morales Carazo fueron los más insistentes en señalar las condiciones “deplorables e infrahumanas” en las que laboran algunos guardas de seguridad o “vigilantes” en el país, haciendo ver esto durante la discusión sobre la Ley de Seguridad Privada, la cual ayer fue aprobada totalmente en la Asamblea Nacional.
Navarro, tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea, cuestionó el que no se obligue a las empresas de seguridad privada a garantizar un seguro de vida a sus trabajadores, a sabiendas del riesgo que representa esta labor.
La Ley se aprobó con el establecimiento de que las empresas deben tener un fondo social de 2,500 dólares, para responder a su familia en el caso de que un guarda de seguridad muera en el ejercicio de sus funciones.
Navarro solicitó que ese fondo fuera de cinco mil dólares, pero el vicepresidente de la Comisión de Gobernación que dictaminó la iniciativa de Ley, diputado sandinista Filiberto Rodríguez, explicó que tenían que respetar el dictamen de mayoría, el cual establecía un monto menor.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Luis Callejas, también explicó que las empresas aseguradoras fueron convocadas a la consulta, pero no asistieron, por lo cual no pudieron establecer el costo de un seguro de vida en el dictamen.
Callejas agregó que también previeron que muchas empresas pequeñas no podrían pagar el costo del seguro y en consecuencia tendrían que cerrar y dejar en el desempleo a una parte de sus trabajadores. “La idea de esta ley es no afectar a las pequeñas compañías que están generando malos empleos, pero al fin son empleos”, expreso Callejas.
El diputado y exvicepresidente Jaime Morales Carazo habló ante el pleno de las condiciones “infrahumanas” en las que algunos vigilantes desempeñan su trabajo: bajo la lluvia, a la intemperie, sin armas ni equipo adecuado para defenderse, lo cual aumenta su riesgo laboral.
Navarro agregó a eso las denuncias de que muchos de estos trabajadores carecen de pago de su seguridad social y de otras prestaciones, mientras los dueños de las empresas reciben “miles de dólares” por el servicio que ofrecen sus trabajadores “mal pagados”.
La Ley de Seguridad Privada, que contempla sesenta artículos, fue preparada y consultada por la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por Callejas.
Sin embargo, durante los más de seis meses del proceso de consulta de esta nueva legislación, el diputado Callejas se quejó por el rechazo de los sandinistas a todas las recomendaciones y propuestas que hacía.
La nueva Ley contempla que los prestadores de servicio de seguridad privada estarán obligados a “auxiliar” a la Policía Nacional en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público.
Se estima que en la actualidad aproximadamente 21,000 hombres y mujeres trabajan en este sector.
CIERRE SEMESTRAL DEL LEGISLATIVO
La Asamblea Nacional realizó ayer el cierre del primer semestre de sesión plenaria.
La presidenta interina Iris Montenegro rindió el informe semestral del trabajo legislativo, detallando que se aprobaron un total de 12 leyes, 18 iniciativas de decretos y 433,849,483 dólares en decretos económicos.
Próximamente los diputados entrarán a receso por cuarenta días, como corresponde por ley al cierre del primer semestre del año.
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