La Asamblea Nacional terminó ayer la aprobación artículo por artículo del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua, el cual entrará en vigencia un año después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Esta nueva legislación fue aprobada en lo general el pasado 26 de noviembre, tardando seis meses el proceso de aprobación particular.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, diputada Irma Dávila, quien se encargó de la creación del nuevo Código, manifestó una vez más que la novedad de este Código es el principio de oralidad de los juicios civiles.
“Actualmente los procesos son escritos y duran una eternidad, pueden durar hasta diez años. Con la oralidad los procesos van a durar un tiempo más expedito (rápido y sin retardo). En aquellos procesos de mayor complejidad podemos hablar de cuatro meses y en los de menos complejidad pueden ser de dos meses o dos meses y medio”, explicó Dávila.
Al finalizar la aprobación particular, el coordinador de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro, reconoció el trabajo de la fallecida magistrada Ligia Molina, quien colaboró con la creación de este Código hasta los últimos días de su vida. La magistrada Molina falleció el 19 de noviembre pasado, horas después de la firma del dictamen del nuevo Código Procesal Civil.
El diputado también agradeció a la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todos los que participaron en la creación del Código.
En la aprobación de ayer se eliminó el capítulo sobre la “información posesoria”, a solicitud de una moción del diputado Castro.
Este nuevo Código Procesal Civil viene a reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente, de 109 años de existencia.
886 artículos, contenidos en ocho libros, así está compuesto el nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua.
“Buenas leyes pero…”
El diputado opositor Raúl Herrera dijo que Nicaragua tiene “muy buenas leyes y Códigos”, pero el problema es la contaminación política y partidaria en algunos judiciales.
“El problema es de quien interpreta la ley y quien la aplica, porque la ley es buena en sí, pero el que la está interpretando y el que la aplica obedece a un partido político y toma sus decisiones motivado o influenciado políticamente”, expresó Herrera.
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