Cansada de que en los restaurantes de Managua le incluyan la propina “voluntaria” en el total de la cuenta y no de forma sugerida posteriormente, que los precios en los comercios estén fijados en dólares y peor aún, que no le permitan una grabación por un robo que sufrió en su vehículo estacionado en un reconocido restaurante, Adriana Mayorga llegó a las oficinas de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec) para solicitar ayuda, pero no hubo quien le atendiera.
Ese es el día a día de los consumidores en Nicaragua, donde aún se ven por todos lados rótulos que dicen: “No nos hacemos responsables de daños o pérdidas”, o “revise bien su mercadería. No se aceptan devoluciones”, a pesar de que son debilidades que deberían haberse corregido con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, vigente desde octubre de 2013.
“Y es que aunque exista una ley (Ley 842) que vela por el bienestar de los consumidores —que me parece excelente— el problema es que la instancia correspondiente (Diprodec), no responde ni ejecuta acciones contra las empresas que están violándola”, señala Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec).
PROPINA IMPUESTA
Para Pomares, el aspecto de la propina sigue siendo un abuso que por falta de conocimiento de los consumidores y la negativa de restaurantes, se sigue imponiendo.
“Esta debe sugerirse al final de la factura y no puede agregarse previo al total, pero la mayoría de restaurantes se molestan si lo mandás a quitar y eso nadie lo está regulando”, señala Pomares.
INFORMACIÓN COMPARTIDA
Una de las cosas que más le molesta a la consumidora Adriana Mayorga es que le saturan el correo electrónico con información comercial y aunque ha pedido que la eliminen de esas listas de difusión, no tiene respuesta.
Freddy Blandón, asesor legal del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sostiene que deben de denunciarlo, ya que existe leyes que respaldan ese tipo de quejas.
“Ahí está la Ley de Protección de Datos y la misma Ley de Protección de los Consumidores, donde estipula que no pueden usar tu información para otros fines”, señaló Blandón.
Pero Pomares menciona que es común que las empresas envíen información que el ciudadano no solicita, ya sea al celular o a los correos electrónicos. “Incluso existen personas que ahora sobreviven de eso. Roban los correos de algunos envíos masivos, hacen sus bases de datos y las empresas pagan para que mediante la web manden anuncios”, explica Pomares.
Uno de los aspectos que los consumidores también denuncian es la publicidad engañosa, donde se señala a algunas urbanizadoras. Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), afirma que el interesado debe informarse de las características del producto y supervisar cómo desarrollan la obra.
“Ahora, si no le cumplen en tiempo y forma, usted puede prescindir del contrato y si ya pagó, que le regresen el dinero”, dice Meléndez, en defensa de un sector que según Pomares está entre los más denunciados.
Cadur también ha dejado claro que no es opcional que la garantía de cobertura por vicios ocultos o defectos en el inmueble sea extendida a dos años, conforme lo manda la Ley 842. Se han reportado denuncias de urbanizadoras que han dado garantía por un año y hasta seis meses, violando la ley.
“Tal como lo dice la Ley de Defensa del Consumidor son dos años de garantía y eso no es un tema opcional del desarrollador, es una ley, no es tanto que nosotros queramos o no otorgarla, simplemente hay que cumplirla”, enfatizó Meléndez en febrero.
AFIRMAN CUMPLIR
La Ley 842 introdujo mediante su artículo 38 la posibilidad de que los usuarios puedan “finalizar anticipadamente el servicio de telefonía celular, internet o televisión por cable contratados” y “la persona proveedora deberá respetar la decisión de la usuaria, sin cobrar recargo de penalización por ello, ni pagos futuros por consumo de los meses faltantes…”, lo cual se está cumpliendo, según Diego Sibrián, gerente de mercadeo de la empresa de telecomunicaciones Claro Nicaragua.
“Somos conscientes de nuestra relación con los consumidores y somos respetuosos de la ley, entre ello no proceder legalmente cuando una persona prescinde de un contrato de forma unilateral”, mencionó Sibrián.
COSEP DESCONOCE
La Ley 842 manda a que en todos los comercios los precios de los productos deben ser fijados en córdobas, incluyendo los impuestos correspondientes, pero no todas las empresas cumplen con esto. Asimismo, la Ley obliga a usar de referencia el cambio oficial que publica el Banco Central de Nicaragua a la hora que los consumidores usan moneda extranjera para pagar. Esto tampoco es acatado por todos los establecimientos.
Sin embargo, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, al ser consultado dijo no conocer denuncias al respecto o que las empresas agremiadas estén incurriendo en alguna falta.
“En el caso nuestro, no tenemos información. En todo caso, ustedes que hacen esos trabajos vayan a los lugares y reporten dónde ocurren para que cada quien busque las instancias correspondientes”, señaló Aguerri.
185 denuncias en un día se reciben en las oficinas del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec), de las cuales treinta son en contra de las empresas de telefonía.
Más recursos
Este año la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec) recibió más Presupuesto. Mientras en 2014 su partida fue de 6.1 millones de córdobas, para 2015 se le destinó 9.94 millones de córdobas, según el Presupuesto General de la República, publicado en el portal web de Hacienda.
¿Quién hace cumplir la Ley?
LA PRENSA visitó la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a cargo de velar por los consumidores, pero no hubo respuesta. La responsable de la oficina de atención, Jilma García, dijo que nos remitiría con la dirección, pero no fue así. Se buscó información a través del área de comunicación del Mific mediante correo electrónico, pero tampoco hubo respuesta.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 C
