Los atropellos en contra de la propiedad privada perpetrados desde las altas esferas del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega para favorecer, ya sea a los negocios de la familia presidencial o allegados al régimen orteguista, se han visto acuerpados por la buena relación que tiene el ejecutivo con las principales cúpulas empresariales y la fidelidad de parte del poder judicial, según se desprende de consultas a expertos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrados del máximo organismo judicial, al ser abordados sobre el respeto a la propiedad privada, desestimaron los señalamientos, aduciendo que el Gobierno mantiene un óptimo clima de negocios e inversión en el país o simplemente evadieron las consultas de este diario.
Ayer, LA PRENSA publicó un análisis sobre algunos de los principales casos en los cuales valiéndose de artimañas judiciales o el uso de las fuerzas del orden público, el Gobierno se ha apropiado de forma anómala de valiosas propiedades privadas.
El exdiputado Francisco Aguirre Sacasa señala que desde el 2007 el Gobierno se ha quedado con propiedades valiosas y ha creado un clima de inestabilidad en la inversión, “pero llama al Cosep para que sirva de mediador y después del zarpazo te tenés que quedar callado, sin denunciar mientras resuelven el problema”, dijo Aguirre.
PODER JUDICIAL NO SE PRONUNCIARÁ
Al respecto, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, donde aún permanecen sin resolver los recursos de Amparo de los afectados que recurren, como el caso Punta Teonoste y el caso Panica, quienes reclaman los terrenos ubicados en Tola y frente al Centro Comercial Galerías, respectivamente, dijo que mientras las partes estén negociando ellos no resolverán dichos amparos, porque “respetan la voluntad de las partes”. Estos casos llevan seis años en espera de resolución y en espera de que la PGR los reciba.
Mientras tanto, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, rechazó los señalamientos del proceder del gobierno de Daniel Ortega de violar leyes para invadir propiedades privadas y declararlas de utilidad pública, asegurando en tono fastidiado por la insistencia de la pregunta, que “sí respeta el procedimiento”, pero no quiso hablar más del tema y procedió a contestar su celular y alejarse.
VIOLACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
Para el abogado y defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, es lamentable que en Nicaragua exista una marcada violación al derecho de la propiedad privada a través de la utilización de instituciones públicas. “Sus funcionarios usan la violencia, actúan con abuso de poder, violando la Ley de Expropiación, la Constitución Política; así como violación a derechos humanos”, indicó Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Las anteriores circunstancias de irrespeto a la propiedad privada en Nicaragua por parte del Estado podrían traer resultados negativos, advirtió Leiva, a corto y mediano plazo. Por ejemplo, al menos desde el año pasado los economistas independientes están señalando una disminución en la inversión de capital privado nacional.
En 2014 la inversión privada cayó 0.9 por ciento, según el Anuario Estadístico publicado por el Banco Central de Nicaragua. Esta caída obedeció principalmente a la reducción de un 25.5 por ciento en el componente denominado “otras inversiones”.
Como porcentaje del PIB, el economista Adolfo Acevedo plantea que este se ha reducido a 21 por ciento desde 2006, cuando significaba el 26 por ciento. Sin embargo, señala que el derrumbe era peor antes de que el Banco Central de Nicaragua (BCN) supuestamente actualizara sus cifras hacia atrás. Muestra de ello es que en el anuario estadístico 2013, la inversión privada se reducía del 26 por ciento del PIB en 2006 al 16 por ciento en ese año.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A ,1 A
