Desde el primer año en que Daniel Ortega Saavedra volvió a asumir la Presidencia de la República, 2007, regresaron las invasiones u ocupaciones ilegales de propiedades privadas en nombre del Estado. Sin embargo, esta vez no son confiscaciones oficiales, sino que se nutren de una serie de figuras legales utilizadas a conveniencia del gobierno, y en algunos casos el simple arrebato de la propiedad.
Los hechos descansan en los archivos periodísticos, mientras el gobierno mantiene una eficiente propaganda que repite que bajo este régimen hay respeto a la propiedad privada. Un recorrido por esta recopilación de hechos, para muchos ya borrados de la memoria, sirve para poner en contexto el decir gubernamental.
Para el arrebato de tierras, el Gobierno ha utilizado diferentes mecanismos de presión como la violencia, negociación con amenaza de cárcel, declaratoria de utilidad pública con pagos irrisorios, embargos judiciales y cancelación de asientos registrales.
LA PRENSA buscó para este trabajo durante dos semana la versión del Procurador Hernán Estrada, al respecto, a través de relaciones públicas, pero no hubo respuesta.
A estas formas de apoderarse de tierras valiosas, se suma el decomiso de fincas a través de sentencias judiciales en casos de narcoactividad, aún cuando la propiedad no tiene nada que ver con los procesados, un ejemplo reciente es el de Adolfo Grijalva, a quien por medio de sentencia judicial lo despojaron de la finca Las Banderas con extensión de 180 manzanas de tierra en Belén-Potosí en Rivas.
Incluso algunos afectados se han visto sin remedio, más que aceptar el pago irrisorio ofrecido por la Procuraduría General de la República por sus tierras, tal fue el caso de José Abohasen por los terrenos donde se construye un centro de acopio de petróleo y productos terminados que en 2007 se presentó como la construcción de la refinería “El supremo sueño de Bolívar”, que debería estar funcionado desde el 2012.
Para el exprocurador de la República Alberto Novoa, el Gobierno ha actuado de hecho en la toma de propiedades, porque ni siquiera inicia el proceso de expropiación a como manda la ley 229, o Ley de Expropiación, ya que ni siquiera notifica al afectado, para que se dé el proceso de negociación referente al costo y forma de pago de la propiedad declarada de utilidad pública.
“Antes el Estado anunciaba la expropiación en la Gaceta y decía para que proyecto social iba a ocupar el terreno y luego ocupaba, ahora es lo contrario, primero invade con violencia, hasta con ayuda de la Policía, ocupa de hecho y luego quiere maquillar con una expropiación, como sucedió recientemente con Milton Arcia”, reiteró Novoa.
También está la modalidad de expropiar y pasar la propiedad a terceros, quien ejecutará la invasión, como el caso de la familia Garzón, propietarios de la famosa joyería que lleva su nombre y a los cuales se les despojó de seis manzanas en donde se ubicaba su finca llamada “La Garzonier”. La familia Garzón, junto a once familias más fueron afectadas cuando en 2011 la PGR expropió y cedió la propiedad, ubicada en el centro de Villa Fontana, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como abono a la deuda que tiene el Estado con esa institución. La Procuraduría alegó que esos terrenos supuestamente pertenecen al Banco de la Vivienda de Nicaragua (el extinto Bavinic), el cual se las habría dado al INSS en pago por una deuda de 23 millones de córdobas (1.04 millones de dólares al cambio oficial de ese año). Finalmente, la PGR llegó con lujo de violencia a ocupar la propiedad, recordó Novoa.
“Ni el principio de publicidad está respetando el Gobierno, porque la publicidad posterior no remedia la ilegalidad primaria, no borra la naturaleza ilegal de la ocupación”, dijo el exprocurador.
“Esta hibridez con que sale la PGR resolviendo problemas de Albanisa, como si fuera un ente estatal y no privado. Hay una confusión Estado-Partido. Albanisa ocupa y PGR negocia precio. ¿Cómo es posible que un funcionario público represente a una empresa privada?” Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
CONFUSIÓN ESTADO-PARTIDO
Otra situación que sale a luz en la invasión de propiedades es que Albanisa invade con sus maquinarias y luego sale la Procuraduría General de la República como intermediaria para negociar precios o bien para declarar la propiedad de utilidad pública.
“Esta hibridez con que sale la PGR resolviendo problemas de Albanisa, como si fuera un ente estatal y no privado. Hay una confusión Estado-Partido. Albanisa ocupa y PGR negocia precio. ¿Cómo es posible que un funcionario público represente a una empresa privada?”, dijo Novoa recordando el caso de la familia Saborío, a quienes de la noche a la mañana, el 26 de julio de 2013 les fue invadida su propiedad ubicada contiguo a la Pizza Hut Metrocentro, por trabajadores de una constructora contratados por William Villagra, quien es conjuez en la Corte Suprema de Justicia, por el partido Frente Sandinista y allegado al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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