En el proyecto de Ley de Seguridad Privada, los diputados de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos descartaron que las empresas que ofrecen este servicio estén obligadas a tener un seguro de vida para los vigilantes, reconociendo la dificultad que pueda implicar para las pequeñas empresas pagar este seguro, explicó ayer el presidente de dicha Comisión, Luis Callejas.
En lugar de un seguro de vida quedó establecido en la propuesta de ley que las empresas deben tener un fondo social de 2,500 dólares para responder en caso de muerte de uno de sus guardas de seguridad cuando se encuentren ejerciendo sus funciones.
“MALOS EMPLEOS, PERO EMPLEOS”
“Muchas empresas pequeñas no podrían pagar el costo del seguro y entonces tendrían que cerrar y dejar en el desempleo a una parte de sus trabajadores y la idea de esta ley es no afectar a las pequeñas compañías que están generando malos empleos, pero al fin son empleos”, manifestó Callejas.
Está previsto que este miércoles 27 de mayo se firme el dictamen de la Ley de Seguridad Privada, con lo cual estaría lista para pasar al plenario para su aprobación.
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