El presidente de Guatemala, Otto Pérez, cesó ayer a los ministros de Gobernación, Mauricio López; de Medio Ambiente, Michelle Martínez, y de Energía y Minas, Edwin Rodas, así como al jefe del servicio de Inteligencia del Estado, el exministro de Defensa Ulises Anzueto, en un intento de aplacar la protesta ciudadana por los escándalos de corrupción que sacuden su gobierno.
El cese de López, un militar retirado como el propio Pérez, es la más sensible de las tres salidas debido a que es considerado como uno de los hombres más cercanos de su entorno. López era el encargado de la seguridad pública y el ejecutor de la política de “mano dura” contra la criminalidad, que fue la principal promesa de campaña de Pérez y que hasta ahora no ha podido cumplir.
«Definitivamente estas salidas dejan debilitado aún más al presidente, una situación muy complicada para todo el ejecutivo y principalmente para el presidente». Carlos Carrera, miembro de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales.
¿RENUNCIARÁ?
“El presidente se está quedando solo y la tendencia (en la opinión pública) es que debe de renunciar él también, ya que es responsable de haber nombrado a todos estos funcionarios” envueltos en corrupción, afirmó la activista Helen Mack.
“Él (Pérez) no puede decir que no se enteró de la corrupción en todos los ministerios, porque él tiene la responsabilidad y no hizo nada”, agregó la directora de Fundación Mirna Mack.
El analista Enzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar (privada), aseguró que el cese de funcionarios de confianza de Pérez confirman que el “Gobierno quedó con total inacción y que por lo tanto eso debería precipitar la renuncia del mandatario”.
PÉREZ, NADA SE DESMORONA
Pese a las manifestaciones de rechazo y el pedido de renuncia por los escándalos de corrupción, el mandatario rechazó que su gobierno se esté “desmoronando” por los cambios en su gabinete y ratificó que concluirá su mandato el 14 de enero de 2016, como lo marca la Constitución.
El presidente explicó que hace 15 días solicitó la renuncia a los miembros de su gabinete para hacer una evaluación de la situación y determinar la continuidad o el cambio de cada uno de ellos. No obstante, reconoció que sobre López y Martínez existen señalamientos de algunos medios sobre millonarios contratos supuestamente anómalos, aunque no existe ninguna acusación formal de la Fiscalía.
A López se le acusa de irregularidades en relación con un contrato para la vigilancia y el control migratorio en el aeropuerto y a Martínez se le endilga la supuesta adjudicación anómala de un servicio para descontaminar el lago de Amatitlán, cercano a la capital.
“El ministro (López) me dijo que está en la mejor disposición de no quedarse como atrincherado, sino al contrario, poder salir, dar la cara y enfrentar cualquier situación de estas que se pudieran estar señalando al Ministerio de Gobernación”, puntualizó Pérez.
PRESIÓN
Las bajas en el gobierno de Otto Pérez Molina suceden en un contexto de intensa presión de la sociedad civil, que ha salido a las calles a protestar tras revelarse, el 16 de abril, la existencia de una red de defraudación fiscal en las aduanas, escándalo que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo.
Este 20 de mayo, un nuevo escándalo de corrupción salió a la luz al ser arrestados los jerarcas del Banco de Guatemala, Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano a Pérez, acusados de un fraude de unos 15 millones de dólares en contra de esta última institución.
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