La Ley de Buró de Convenciones de Nicaragua, Ley 894, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 14 de enero de este año. O sea que los 63 diputados que tiene el orteguismo en ese poder del Estado votaron a favor de la misma. Sin embargo, fue vetada “en su totalidad” por el Inconstitucional.
Ese veto no se conoció hasta el pasado 13 de mayo, o sea cuatro meses después de que la ley fue aprobada, aunque la Constitución establece que el veto debe darse dentro de 15 días de aprobada la ley.
El miércoles el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea, el diputado Edwin Castro, dijo que no habrá suficientes votos para rechazar el veto ya que la bancada oficialista no va a votar contra lo que dice el Inconstitucional.
“No es que nos equivocamos, que no le parece (al presidente de la República), que es una ley demasiado compleja, que quiere una ley más simple ( ), eso es parte de la democracia que el presidente tenga un criterio diferente al de la Asamblea”, dijo Castro.
Y es cierto que el veto es parte de una democracia republicana con un sistema presidencialista. Sin embargo, esa reacción de la bancada orteguista deja claro que acá no se vive una democracia republicana donde hay independencia de poderes, sino un régimen fascista que concentra todo el poder en una sola persona, llámese Führer, Duce, Generalísimo o Pueblo Presidente.
¿De qué otra manera se puede explicar que los 63 diputados del orteguismo que en enero votaron a favor de una ley ampliamente consultada en la Comisión de Turismo del parlamento —incluyendo en esas consultas al Instituto de Turismo y a la Empresa Portuaria Nacional (EPN)— y donde nueve de los 14 diputados son orteguistas, ahora vayan a votar diferente solo porque el señor Daniel Ortega dice que la ley establece “un procedimiento engorroso”?
Claro que es parte de la democracia que el presidente ocasionalmente tenga un criterio diferente al de la Asamblea, lo que no es parte de la democracia es que los 63 diputados orteguistas cambien “de pronto” de criterio solo porque Ortega decidió oponerse.
Ortega no ha escatimado esfuerzos desde que llegó al poder en enero de 2007 por “ningunear” a la Asamblea Nacional, las leyes, y al resto de poderes del Estado.
Mediante fraude Ortega se adjudicó 63 diputados en los comicios en que resultó electo inconstitucionalmente en el 2011 y desde entonces allí solo se aprueban, muchas veces con trámite de urgencia o sea sin consultar ni discutir, las leyes que él envía.
Por la mala fama que tienen los diputados ante la ciudadanía todo esto se puede pasar por alto con facilidad, pero en realidad es grave la anulación del sistema de pesos y contrapesos que Ortega ha llevado a su máxima expresión en este régimen.
Para evitar el sometimiento de los diputados al caudillo, en la República los diputados deben ser electos por distrito. De cada distrito sale electo un diputado que tuvo que darle la cara a los votantes y presentarles un programa para conseguir su voto. El diputado debe responder a sus votantes, y si no les cumple, en la próxima elección es expulsado del escaño. Por eso también es importante garantizar un sistema electoral independiente, transparente e imparcial.
Una Asamblea o Congreso independientes obliga a que el Ejecutivo se apegue a las leyes y no cometa abusos ni excesos pues los congresos no solo hacen leyes sino que fiscalizan al ejecutivo.
Cuando hay abusos, otro poder independiente, el judicial, apoyado por una Contraloría también independiente, se encargan entre otras cosas, de castigar a los corruptos,
Así que para los que piensan que lo que importa es que las cosas “vayan bien”, este veto es una prueba de cómo el autoritarismo fascista tiene efectos muy prácticos en los bolsillos de muchos.
Nicaragua está muy atrás en competitividad en el tema de turismo de convenciones, que es un gran generador de ingresos. Y solo porque al “señor” no le dio la gana de aceptar la ley, el desarrollo de ese sector seguirá arrastrando los pies.
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