Inesperada sorpresa, digna de Ripley, me llevé la tarde del pasado miércoles 13 de mayo, cuando me di cuenta por la página web de la Asamblea Nacional que el presidente Ortega había vetado en su totalidad la Ley 894, Ley Creadora del Buró de Convenciones de Nicaragua, aprobada por unanimidad el 14 de enero por la Asamblea Nacional, o sea, hace más de tres meses.
Inesperada sorpresa, porque uno espera que un presidente vete una ley de una Asamblea Nacional que no controla, o que vete una ley controversial con roces constitucionales, pero no una ley aprobada por una Asamblea en la que él ejerce un control absoluto de más de 63 votos y que, en este caso, contó además con los votos de la oposición.
Lo que hace La ley 894 es darle formalidad jurídica a la creación de una entidad público-privada, destinada a promover el mercado de reuniones o convenciones. El Buró el cual es financiado exclusivamente por la cuota o donaciones de sus miembros, o sea, los más interesados en promover este segmento del mercado por lo que no afecta el Presupuesto. El directorio del Buró lo preside el Intur y está integrado adicionalmente por ocho miembros, electos democráticamente por la asamblea del Buró.
Este directorio contrata a un equipo mínimo de personas que tendrá la tarea de promover la realización de convenciones en nuestro país con el objetivo de aumentar el gasto per cápita y la estadía promedio de los turistas en Nicaragua, los dos indicadores donde nuestro país anda mal en relación a los países del área centroamericana y del Caribe.
Les confieso que nunca hubiera imaginado que una ley tan buena para el país, que lo único que hace es darle personería y formalidad a una entidad que existe en otros países, iba a ser vetada en su totalidad por el presidente Ortega.
¿Tiene facultades para vetarla? Sí las tiene, siempre y cuando lo haga dentro de los quince días que mandata la Constitución, después de recibirla de parte del Poder Legislativo. En su exposición de motivos, que tiene fecha 13 de febrero, Ortega dice que la ley la recibe de parte del Legislativo el 2 de febrero, lo cual es posible, porque pasó un tiempo en corrección de estilo antes de ser enviada.
Lo que no es posible, es que nadie se haya dado cuenta durante tres meses de algo tan trascendente como un veto presidencial total a una ley (del 13 de febrero al 13 de mayo), ni Primera Secretaría, que tenía la obligación de remitir el veto presidencial a la Comisión de Turismo, ni la Dirección de Asuntos Legales de la Asamblea Nacional, y que haya sido por medio de la página web que nos hayamos enterado.
Entonces solo caben dos posibilidades: o Primera Secretaría archivó el veto por tres meses, o en realidad, el veto se produjo tres meses después, o sea que es extemporáneo y nulo, por ser violatorio a la Constitución.
Razones del veto. La Constitución también mandata que un presidente debe razonar jurídicamente su veto. En la “exposición de motivos”, Ortega únicamente aduce que “el contenido de este proyecto está planteado de una manera muy compleja y engorrosa que no permite que su instrumentalización y aplicación logren los objetivos que en ella se pretenden, como es implantar programas efectivos de mercadeo, así como elevar la calidad profesional y técnica a los prestadores de servicios relacionados a la industria turística”.
Aunque este argumento es debatible con la misma ley, por el espacio no me voy a enfrascar en ello. Lo que está claro es que Ortega les dice a todos los legisladores que no saben legislar, que él lo puede hacer mejor, quizás porque ya está acostumbrado que los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo se aprueban con puntos y comas. Este era uno de los pocos proyectos de ley que genuinamente emanaba del legislativo y por consenso. Hay muchos otros proyectos de ley del PLI que ni siquiera llegan ni a comisión para ser dictaminados, porque terminan engavetados en Primera Secretaría.
Veremos ahora, cuando este veto insólito, extemporáneo e ilegal llegue al Plenario, cómo van a votar los mismos diputados que se apropiaron de la ley y se congratularon al aprobarla el pasado 14 de enero.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y Presidente de la Comisión de Turismo.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
