Una cédula judicial en la que el empresario Milton Arcia fue notificado de la existencia de una demanda de expropiación de su propiedad en Moyogalpa, Isla de Ometepe, confirma que el Gobierno primero actuó y luego buscó como enmendar lo actuado.
La propiedad de Arcia en Moyogalpa fue allanada con auxilio de la Policía Nacional y luego demolido un edificio en construcción por maquinaria del Estado el pasado 3 de abril. Ante la oposición del empresario que demandaba una orden judicial este fue arrestado por la Policía durante todo el día .
El 5 de mayo a las 9:27 a.m, un mes dos días después del allanamiento violento, la Procuraduría General de la República (PGR), introdujo en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos del Complejo Judicial de Managua, la demanda de expropiación.
El pasado viernes el Juzgado Local Único de Ticuantepe, notificó a Arcia que tiene tres días para presentar su alegato.
Y aunque en la Gaceta del 9 de abril fue publicada la declaratoria de utilidad pública del acuerdo administrativo firmado por el procurador Hernán Estrada supuestamente el 27 de marzo, la notificación judicial a Arcia confirma que las autoridades incumplieron lo establecido en la Ley 229, Ley de expropiación, la misma establece en su artículo 4, un término máximo de quince días para comparecer ante la oficina unidad ejecutora señalada para tal efecto, con el objeto de llegar directamente con ellos a un avenimiento, sobre el monto y forma de pago de la indemnización”.
Y agrega: “Si dentro de ocho días de haberse presentado no se llegase a ese avenimiento, se procederá al juicio de expropiación”. En este caso de Arcia incluso la propiedad ya fue demolida.
