La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, sobre quien un juzgado de turno emitió una orden de arraigo por su supuesta implicación en un caso de corrupción estatal, se encuentra en su casa, a expensas de lo que decida la Justicia sobre su persona.
El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó el sábado 9 de mayo, instantes después de conocer que el Congreso de la República había verificado y aceptado por unanimidad la renuncia de Baldetti, una orden de arraigo contra ella a un tribunal de turno, que está a cargo del magistrado Roberto Manuel Flores Rivera.
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El objetivo, según explicaron fuentes de la Fiscalía a Acan-Efe, es, «únicamente, garantizar su presencia en el país» para que la exvicemandataria, maestra, periodista y política, esté presente ante cualquier diligencia que se efectué en su contra.
Por ello, abundaron, se le dio aviso a la Dirección General de Migración para que esté al tanto y verifique que la exvicepresidenta no salga de Guatemala.
«Es una medida cautelar que el MP tomó», agregaron las mismas fuentes, ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) constató, a través de las más de 66.000 sesiones de escuchas telefónicas de la investigación sobre el caso corruptivo «La Línea», que los apelativos «la dos», «la R» o «la señora» se referían a Baldetti.
La desmantelación de la estructura criminal, dedicada al fraude fiscal y aduanero en el país, estuvo a cargo del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través de un proceso de pesquisas que empezó en mayo de 2014.
Por este caso, que aún continúa abierto, las autoridades arrestaron a 27 personas y otras dos se encuentran en busca y captura.
Los prófugos de la Justicia son el empresario guatemalteco Luis Mendizábal y el exsecretario privado de la exvicemandataria, Juan Carlos Monzón, a quien los investigadores acusan de ser el cabecilla de la trama y que, según los últimos reportes se encuentra en Honduras.
El portavoz de la Dirección General de Emigración, Fernando Lucero, corroboró a Acan-Efe que su departamento recibió la orden de arraigo ayer sábado a las 19:39 hora local (01:00 GMT del domingo).
Además, detalló que la obligación de esta instancia «no es verificar» que Baldetti esté en el país, sino introducir la orden en su sistema para emitir «una alerta a todos los puntos fronterizos» para que no huya de Guatemala.
Por su parte, el portavoz oficial de la Presidencia, Jorge Ortega, indicó a Acan-Efe que, a su juicio, la deserción de Baldetti se produjo para «evitar un linchamiento político» y atenerse, directamente, a las consecuencias que determine el órgano judicial del país.
Cuestionado por si cree en la inocencia de la exvicemandataria, Ortega señaló que no puede emitir «un juicio de valores» al respecto y que los encargados de determinar ese extremo son «los magistrados», de acuerdo al transcurso del proceso correspondiente.
Ante esta baja en el Gobierno, el presidente Otto Pérez Molina tiene que cubrir la vacante, un hecho para el que presentará, el próximo martes, una terna ante el Congreso con el nombre de los tres posibles candidatos, y será este órgano el que decida entre el mejor postulante, con una mayoría de las dos terceras partes.
Preguntado por los nombres que se manejaron en los últimos días, como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la directora de la reforma policial, Adela Torreviarte, Ortega explicó que Bonilla no puede ser candidato por que la ley establece que para ser vicepresidente no puede haber sido ministro en los últimos 6 meses.
«Ni secretario», agregó rotundo, y lamentó que «nadie se ha dado cuenta de las limitaciones de la ley», por lo que criticó que los rumores están empeñando el proceso, ya que «no benefician a nadie: ni al Gobierno ni a la nación».
Sobre Torreviarte, Ortega apuntó que «podría estar dentro de la nómina», pero que lo cierto es que, por el momento, todo son «especulaciones» porque Pérez Molina no ha dado ninguna información y la configuración de la terna se encuentra en una tesitura «muy hermética».
La presión social, a través de diferentes protestas, fue el factor que, según expertos políticos, provocó la abdicación gubernamental de la exvicepresidenta, y el mismo sector que ahora exige la renuncia de Pérez Molina, por entender que es el principal defraudador del Estado.
A juicio de Ortega, estas manifestaciones, que expresan libremente su opinión, «se han desvirtuado» y ahora responden a diferentes «intereses políticos» que pretenden «hacer leña del árbol caído» y ganar votos «gratuitos» de cara a los próximos comicios electorales que se celebrarán el 6 de septiembre.
Preguntado por si su partido está perdiendo fuelle, el portavoz sostuvo que todo equipo de Gobierno sufre «un desgaste natural» durante su ejercicio, un lance que, históricamente, está constatado ya que ningún partido repite mandato, apostilló.
Ortega zanjó la polémica suscitada ayer tras las declaraciones del ministro de Finanzas, que aseguraba que Baldetti podía solicitar una indemnización si así lo requería.
«Cuando uno renuncia la ley dicta que no tiene derecho a pedir prestaciones», concluyó.
