La solución que el Gobierno ha dado a la demanda popular y empresarial para que se reduzca la tarifa eléctrica demuestra los límites políticos, en marco de la confusión de intereses entre el Ortega-gobernante y el Ortega-empresario, a la gestión económica.
El tema tiene, como ha sido puesto de manifiesto por numerosos analistas y en varios editoriales y artículos de opinión publicados en La Prensa, diferentes ángulos. Pero hay uno que prácticamente los resume todos: hay una oportunidad, por cambio en la matriz energética y reducción del precio del petróleo, para bajar la tarifa eléctrica, y esta reducción tendría un doble impacto positivo en la economía: aliviaría el bolsillo de los ciudadanos que dispondrían de más recursos para otros consumos, animando la demanda y consecuentemente la actividad económica, y, segundo, eliminaría una de las barreras más importantes para atraer más inversiones, y así generar más empleos en un contexto de mayor productividad y competitividad de las empresas y la economía.
La decisión de bajar la tarifa se pudo haber tomado desde hace varios meses. Primera falla. Y que una parte sustantiva del margen que da la reducción del precio del petróleo se destine a pagar la deuda con la Caja Rural Nacional (Caruna), y a un misterioso fondo de lucha contra la pobreza, es la segunda falla.
Veamos cada uno de los dos últimos casos. Abonar a la deuda hace sentido. Pero cabe preguntarse: ¿por qué esa deuda con Caruna está contratada a una tasa del ocho por ciento, superior a la que cualquier ahorrante o inversionista recibe en el sistema financiero, y también muy superior, cuatro veces superior, a la tasa del financiamiento petrolero venezolano que alimenta los fondos de Caruna? Sencillamente porque el Ortega-empresario tiene intereses en Caruna, y por eso el Ortega-gobernante hace que la deuda con Caruna se contrate a esa tasa. La consecuencia, sencillamente, es que quedan menos recursos para aliviar el bolsillo de los consumidores y para alentar las inversiones de las empresas.
Y en cuanto al misterioso fondo de lucha contra la pobreza, las alarmas que se han encendido tienen justificación pues ni en momentos de vacas gordas, cuando los fondos derivados del financiamiento petrolero venezolano para programas sociales eran mayores, el Gobierno ha sido efectivo en la lucha contra la pobreza. Ser efectivo en la propaganda no significa ser efectivo en la solución de los problemas. Nadie puede oponerse a luchar contra la pobreza, pero todo mundo sabe y los ciudadanos lo comprenden que la mejor manera de luchar contra la pobreza es generando más y mejores empleos. Y en esta materia, el Gobierno está aplazado, como lo demuestra el hecho tan comentado recientemente que durante los años del gobierno de Ortega la informalidad en el empleo se ha disparado, llegando al ochenta por ciento.
Un dirigente del sector empresarial, por cierto crítico frecuente de quienes nos oponemos políticamente a Ortega, llamó la atención sobre otro ángulo del problema. La baja temporal en el precio del petróleo se pudo haber aprovechado para disminuir algunas de las causas estructurales de las altas tarifas eléctricas, de tal modo que aunque el precio del petróleo vuelva a subir no lo tenga que hacer en la misma proporción a la tarifa eléctrica. Y señaló algo correcto: parte de los recursos se podrían haber destinado a modernizar las obsoletas líneas de trasmisión eléctrica, en las cuales se pierde la quinta parte de le energía generada. Pero este enfoque de desarrollo, de remoción de obstáculos estructurales a nuestro crecimiento económico, y lo mismo ocurre con la educación y otros temas, no puede tenerlo un gobierno cuyo estómago político no es capaz de digerir soluciones técnicas.
Total, todo el tema de la tarifa eléctrica, y por cierto también los precios de los combustibles, quedó reducido a la expresión popular que con Ortega-empresario los precios suben en ascensor, y con Ortega-gobernante bajan en escalera.
El autor es excandidato a la Vicepresidencia de la República.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
