De cada diez mujeres que están en el mercado laboral, solo una tiene cobertura del Seguro Social, revela el estudio Dinámicas de las mujeres en el mercado laboral nicaragüense , publicado este miércoles por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg).
El problema es que el acceso de la mujer nicaragüense a esa prestación social se ha deteriorado en los últimos años, principalmente entre 2009 y 2012, según el estudio con cifras de la Encuesta Continua de Hogares que divulga el Instituto de Información de Desarrollo.
En 2009 el 11.5 por ciento de las trabajadoras gozaban de los beneficios del Seguro Social, pero en 2012 esta cobertura se redujo a 9.5 por ciento.
¿A qué obedece esa grave situación? Las mujeres tienden más que los hombres a tener empleos en condiciones precarias, advierte Enrique Alaniz, director de Investigaciones de Fideg, quien admite que la mujer debe estudiar más que el hombre para mejorar su posibilidad de saltar de la informalidad a la formalidad.
Ximena Ramírez González, presidenta del Congreso Permanente de Mujeres Empresarias de Nicaragua, dijo que el problema es que las mujeres optan por el empleo más precario, mal pagado y donde las maltratan más y donde generalmente no se dan prestaciones sociales.
Eso trae como consecuencia, entre otras cosas, que miles de trabajadoras no tengan acceso a una mejor atención médica temprana. Por eso ves a un número creciente de mujeres muriendo de cáncer cervicouterino o de mama que son perfectamente prevenibles, porque lo detectan tarde, porque cuando llegan a la unidad de salud esa mujer está invadida por el cáncer (…), dice.
Lo que más lamenta Ramírez es que las mujeres están excluidas del Seguro Social pese a que aportan más del cuarenta por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y son jefas del ochenta por ciento de los micronegocios que existen en el país.
MÁS EDUCACIÓN PARA TODOS
Entre las políticas públicas que propone Alaniz para revertir las distorsiones que existen en el mercado laboral en detrimento de la mujer, figura que el Estado promueva una política que apunte a disminuir las desigualdades de género tanto en el ámbito privado como el público de una manera más efectiva.
Asimismo, sugiere avanzar más en la inversión en educación, tomando en cuenta que esta es la clave del éxito para que más mujeres transiten al sector formal asalariado o bien al empleo por cuenta propia no agrícola favorable.
En ese sentido, Ramírez dice que el Estado debe abaratar los costos para formalizar empresas y reducir tramitología que conduzcan a ese fin. Eso permitiría que las empresas con mayor facilidad afilien a las trabajadoras.
Y además, Ramírez propone que el Estado priorice sus compras de insumos y servicios a pequeñas y medianas empresas que estén a cargo de mujeres, para que estas se empoderen del mercado laboral.
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