Ayer se conoció que no se reducirá la tarifa de la energía eléctrica que han demandado prácticamente todos los sectores sociales del país. Pero la información no la dio oficialmente el Gobierno, sino que la obtuvo la bancada parlamentaria opositora, que ha propuesto sin éxito la aprobación de una ley para rebajar el precio de la electricidad en consonancia con la caída de los precios internacionales del petróleo, incluyendo el derivado que sirve para la generación térmica.
El gremio empresarial es uno de los que más ha demandado la rebaja de la tarifa eléctrica, apremiado por la necesidad de reducir costos para poder aumentar la competitividad. Se trata de una demanda lógica y razonable, pues si los precios del petróleo han bajado hasta la mitad y la tendencia es a que sigan bajos durante largo tiempo, la disminución en el costo de la generación térmica debería reflejarse en las tarifas del servicio eléctrico, en beneficio de los usuarios empresariales y domiciliares, en particular los de clase media que son los más perjudicados por las facturas onerosas.
Desde que voceros gubernamentales dijeron a comienzos de este año que se necesitaban al menos tres meses para ver si era posible bajar la tarifa eléctrica, se debió entender que no tenían interés en atender esa demanda social. No porque el problema energético sea muy complejo, como dicen a menudo miembros del Gobierno y sus asociados más o menos incondicionales, sino también y sobre todo porque en el negocio de la energía está de por medio el interés económico de la familia gobernante. En un sistema de gobierno en el cual el poder se ejerce con fines de lucro económico personal y familiar, es imposible que se apliquen medidas que puedan afectar los negocios de la casta gobernante.
Hasta hace algunos años se decía que en Nicaragua la electricidad tenía que ser muy cara, porque la mayor parte de la energía se generaba a base de combustible derivado del petróleo. Y se prometía que cuando cambiara la matriz energética y se produjera más energía de fuentes renovables, la tarifa eléctrica bajaría sustancialmente para beneficio de los usuarios y la economía nacional.
Pero no era cierto. Ya en enero del año 2013 el 51 por ciento de la electricidad se estaba generando de fuentes renovables, según declaró el entonces ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli. Sin embargo, los usuarios del servicio eléctrico industrial, comercial y domiciliar siguieron pagando tarifas cada vez más altas, pues al parecer el precio al público de la energía no lo determinan los costos de generación y distribución, sino las tasas de ganancias de los gobernantes.
Ahora se dice que la tarifa eléctrica no puede bajar, primero porque hay que pagar una deuda por subsidio y después porque el precio del petróleo ha bajado tanto que la generación de fuentes renovables resulta más cara que la térmica. Pero si más de la mitad de la electricidad se genera de fuentes renovables y además el costo de la térmica se ha reducido por la baja del petróleo, lo lógico es que el precio de la electricidad baje en consecuencia.
Evidentemente, no es la lógica ni la voluntad de servicio público, sino el afán desmedido de expoliar a la gente, lo que guía la actuación del régimen orteguista.
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