Dentro de las cosas que más han golpeado al régimen, destacan la violación a derechos humanos y los crecientes problemas asociados al proyecto canalero. La audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre dicho proyecto y los derechos humanos tiene un gran potencial para cambiar las cosas en nuestro país.
Para comprender ese potencial, no importa lo que hayan dicho los peticionarios o los representantes del Estado, porque al final del día es una reedición del debate existente. Lo realmente importante para el desarrollo de una estrategia eficaz para la protección de derechos humanos, es tomar nota de las preguntas de los comisionados.
El chileno Felipe González se mostró interesado por la existencia de normativas en inglés, la cantidad de desplazados (no desplazados forzados), los estudios de impacto ambiental, la consulta a los pueblos indígenas, las investigaciones sobre el abuso policial en el contexto de las protestas y los litigios judiciales internos sobre el tema del Canal. Por su parte, la paraguaya Rosa María Ortíz estaba interesada en saber si este proyecto sería sometido a un referéndum, mientras Rose-Marie Belle Antoine agregó la persecución a defensores, expropiaciones y derecho al agua.
De las preguntas se desprende el interés de la CIDH sobre los derechos de acceso a la información pública, el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas, el uso excesivo de la fuerza en la protesta social, el derecho de propiedad, el derecho a un nivel de vida adecuado (relacionado con el mínimo vital de acceso al agua), el derecho de participación política y la tutela judicial efectiva. El interés en la protección al medio ambiente quedó implícito al requerirse mayor información al respecto.
Si existe interés en ir más allá del impacto mediático sobre la audiencia, hay que tener presente la naturaleza subsidiaria de la CIDH en materia de derechos humanos. Es decir, el Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar estos mediante una tutela judicial efectiva. Si no lo hace, como en efecto sucedió con la resolución de la CSJ sobre los recursos contra la concesión canalera en diciembre pasado, existe la posibilidad de demandar la responsabilidad internacional del Estado ante la CIDH.
También es necesario hacer ajustes, para la CIDH es irrelevante si creemos que la concesión canalera afecta nuestra soberanía, pero sí le interesa que los nicaragüenses en general seamos consultados sobre el tema, que nuestra participación política sea garantizada mediante referéndum. Sobre la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, ojo, Telémaco Talavera admitió que no se hizo y agregó se haría en los proyectos posteriores (stoppel)
En cuanto a la opacidad en la información de interés público, no es suficiente referir que el Estado no ha publicado información, se requiere formalizar las solicitudes para que su negativa u omisión sustente la petición en relación con el derecho de acceso a la información pública. En lo concerniente al uso excesivo de la fuerza contra la protesta social se hace necesario documentarlos de forma objetiva y trascendiendo a la simple retórica, para que sea un insumo eficaz y evidenciar la violación a la integridad física.
El menoscabo al derecho de propiedad no puede limitarse a la justa indemnización, debe incluirse también la alternativa de desarrollo para los afectados. También es necesario invocar el principio precautorio en relación con el derecho al medio ambiente como alternativa adecuada ante la falta de los estudios de impacto ambiental.
Estos elementos fortalecerían un litigio estratégico contra el proyecto canalero a nivel internacional con base en derechos humanos, afectando sensiblemente al régimen y fortaleciendo la cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país. A nivel internacional no se habla de violaciones de derechos humanos, se demuestran.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
