Nicaragua está mereciendo una doble atención en el 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se está realizando en la ciudad de Washington DC., Estados Unidos.
En una de las audiencias de ayer lunes, la CIDH ha conocido la denuncia presentada por organismos sociales de Nicaragua, de que el proyecto de construcción del Canal Interoceánico viola derechos fundamentales de los nicaragüenses. La denuncia ha sido sustentada en un informe elaborado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con énfasis en la amenaza de desalojo y desarraigo forzado de la gente que vive en los lugares por donde pasará la ruta canalera; y la denuncia específica de la violenta represión policial y militar contra los campesinos que rechazan la construcción del Canal, ocurrida el 24 de diciembre del año pasado en El Tule, departamento de Río San Juan, cuando numerosos campesinos fueron vapuleados, encarcelados y maltratados física y psicológicamente en la prisión.
El otro caso, presentado también en las audiencias de la CIDH realizadas este lunes 16 de marzo, es el de la concentración de medios de comunicación que reduce e incluso elimina la pluralidad de fuentes informativas y, por ende, atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Este caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la audiencia denominada “Diversidad, pluralismo y concentración en los medios de comunicación en las Américas”, en la cual participó una nutrida delegación internacional de la SIP.
Ya a principios de marzo corriente, en la asamblea general que celebró la SIP en ciudad de Panamá fue denunciada la avariciosa concentración de medios de comunicación por parte de la familia gobernante, Ortega Murillo, y la formación de un duopolio mediático con un magnate mexicano que ha acumulado gran cantidad de medios de radio y televisión, no solo en Nicaragua sino también en al menos otros 12 países de América Latina.
En la asamblea de Panamá la SIP aprobó una resolución en la cual se señala: “En el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, sigue adelante la estrategia que utilizan algunos gobiernos para adquirir empresas periodísticas a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión desde los cuales se ataca a sus críticos, poniendo en entredicho la reputación de comunicadores y propiciando acoso y persecuciones”. Y se precisó en ese documento de la SIP que “el caso de Nicaragua es notorio, pues allí el gobierno sigue incrementando su poder monopólico con medios propios y solo queda un canal de prensa independiente”.
La concentración de medios de comunicación es una de las nuevas y principales modalidades de censura de prensa y de violación al derecho a la libertad de expresión y de información, que están poniendo en práctica los regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Por lo tanto es muy importante que la CIDH se pronuncie al respecto, lo mismo que sobre el impacto de la construcción del Gran Canal de Nicaragua en los derechos humanos de los nicaragüenses.
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