El más reciente mensaje en ocasión del tiempo de Cuaresma de la Conferencia Episcopal de Nicaragua es un nuevo y claro llamado de atención a la clase política gobernante así como a los políticos, empresarios y al pueblo en general para que rectifiquen el rumbo por el cual está conduciendo y participando en la actual situación que vive el país.
Es un alerta para mejorar la sociedad en que vivimos, es un llamado al respeto de los derechos constitucionales, a ser consecuentes con el discurso y las obras, a prestar atención a la opinión y necesidades de los grupos vulnerables, al respeto al orden legal (artículo 130 Cn), el medioambiente (artículo 60 Cn) y la dignidad de las personas (artículo 5 Cn).
Establecen el bien común de la población, como verdadero centro de interés de la gestión pública (artículo 4 Cn) que obliga al Estado a “promover el desarrollo de todos y cada uno de los nicaragüenses” y pone énfasis en el desarrollo de acciones que destruyen la paz social, generan zozobra y atentan contra existencia de las personas en detrimento del derecho a la vida (artículo 23 Cn.)
Tales acciones, dice el documento, se han traducido en un irrespeto a derechos humanos y actos de represión lo cual se están volviendo una costumbre contra quienes, sintiéndose perjudicados, se oponen a los proyectos del Gobierno, la corrupción y el terrorismo.
No se puede esconder la violación, al derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de movilización, a las garantías procesales, la integridad física de las personas, el derecho de reunión y concentración consagrados en los artículos 29, 30, 31, 33, 34, 36, 53 y 54 de nuestra Constitución.
Esta situación llena de preocupación a los obispos, ya que la práctica estatal se aleja de la verdadera misión que se les encomienda a quienes los ciudadanos de buena fe les da la oportunidad de gobernar (Arto. 131 Cn).
La alerta de los obispos está dirigida a los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la empresa privada y la misma ciudadanía, que se muestran indiferentes ante los atropellos del Gobierno a los derechos humanos de los nicaragüenses.
En el caso de los empresarios se expresa que para algunos de ellos lo que importa es la estabilidad económica, el buen clima para hacer negocios y generar riquezas.
En el caso de la ciudadanía, nada parece inmutarle aun cuando se tiene conciencia de que se está regresando al pasado dictatorial con violencia institucionalizada. El acomodo se impone a la necesidad de reaccionar, de hacer uso de los espacios de incidencia y participación (artículo 50 Cn y regulado por la Ley 475 de Participación Ciudadana).
Al parecer la gran mayoría de las personas asumen que mientras pueda satisfacer las necesidades básicas del hogar, no existe ninguna afectación y por tanto no le importa protestar, dejando que la lucha y los reclamos los hagan quienes están siendo perjudicados directamente, como los grupos de pobladores que ven amenazadas sus propiedades con la construcción del canal, obviando el nuevo principio agregado en el artículo 5, como es la solidaridad.
Esta actitud pasiva, por miedo o indiferencia, permite que actos irresponsables destruyan la legalidad, la institucionalidad y el sistema democrático y se opone a lo establecido en el artículo 98 que se refiere a “una distribución cada vez más justa de la riqueza en la búsqueda del buen vivir”, y vuelve invisible el sufrimiento de los desposeídos donde el crecimiento de la indigencia aumenta en términos absolutos.
El llamado de los obispos es a ser humildes, a deponer interés y ambiciones personales o de grupos minoritarios, todo en favor del bienestar económico y social de la nación en su conjunto (artículo 99 Cn), y despertar del letargo involucrándonos en la defensa de las libertades fundamentales y cumpliendo con este llamado, es dejar atrás el comportamiento resignado que puede llevar a lamentar el surgimiento de situaciones de las cuales será difícil salir sin que haya derramamiento de sangre.
El autor es docente de Derecho Constitucional y Director Ejecutivo del Grupo Projusticia.
