[doap_box title=»Dos protestas» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Los brasileños están convocados a manifestarse hoy a favor de Dilma Rousseff en las capitales de los 27 estados y en las que participarán sindicatos, asociaciones estudiantiles y movimientos de izquierda.
Para el domingo se han convocado a protestas opositoras en cerca de cincuenta ciudades, por grupos de ciudadanos que aseguran no tener vínculo con partidos políticos. Algunos solo pretenden protestar por la corrupción y la deriva de la economía, pero otros más extremos demandan la apertura de un proceso de destitución contra Rousseff y una minoría incluso pide abiertamente una intervención militar.
La economía ha crecido muy poco en los últimos cuatro años y está estancada, hay déficit de cuentas públicas, inflación elevada (7.7 por ciento en 12 meses) y el real se ha devaluado treinta por ciento en 12 meses. El Gobierno impulsa un ajuste fiscal para poner la casa en orden, pero esto disgusta a un sector de la izquierda.[/doap_box]
La mayoría de los partidos brasileños apoyó ayer al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, uno de los 49 políticos investigados por el escándalo de sobornos y desvío de fondos que giró unos cautro mil millones de dólares en la última década de la estatal Petrobras, según la Policía, y afirmó que la crisis causada por el escándalo tiene su epicentro en el gobierno de Dilma Rousseff.
Cunha compareció en forma voluntaria ante una comisión de la Cámara de Diputados que investiga el asunto y dijo convencido de que el Gobierno intenta transferir la crisis al parlamento, que tiene a 34 de sus miembros investigados, lista a la que ayer la justicia sumó a dos: el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, y a su predecesor, Sergio Cabral, ambos de la coalición gobernante.
El legislador sostuvo que la investigación está en gran parte apoyada en meras conjeturas e hilaciones, que consideró ajenas a la realidad.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del vicepresidente Michel Temer, pese a lo cual mantiene una línea crítica al Gobierno y encabeza un grupo disidente de esa formación, la fuerza electoral más importante del país.
Según la Policía, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la corruptela y políticos que amparaban las maniobras ilegales.
Cunha obtuvo un casi unánime respaldo de los diputados, quienes sembraron dudas sobre la actuación del titular de la Fiscalía, Rodrigo Janot. Cunha sostuvo que Janot pretende ser reelegido este año para ese cargo y apuntó que la responsable de su nombramiento, quien luego debe refrendar el parlamento, es la presidenta Rousseff.
La oposición aprovechó para cargar contra Rousseff. Hay que demostrar quién saqueó a Petrobras, dijo el diputado Izalci Ferreira, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña. Expresó estar convencido de que existen muchos indicios que pudieran comprometer a Rousseff y a su antecesor en la Presidencia, Luiz Inacio Lula da Silva.
Según el diputado Paulo Pereira da Silva, del opositor Partido Solidaridad, el Gobierno intenta dividir su responsabilidad en la corrupción con el Congreso, que no tiene injerencia en ninguna de las operaciones en la petrolera estatal.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
