El representante de los exmilitares, Carlos Ramírez, aseguró que los intentos por realizar una marcha nacional el pasado 28 de febrero se vio frustrado cuando la Policía Nacional desplegó sus fuerzas por la carretera norte para impedir que sus compañeros procedentes de Matagalpa avanzaran a Managua.
A su vez, denunció las supuestas maniobras por parte de funcionarios del Gobierno, que contactaron a líderes del norte, de quienes sospechan pudieron haber hecho algún tipo de ofrecimientos.
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A cuarenta días de haber iniciado un movimiento de lucha por reconocimiento de beneficios, por parte del Gobierno, un grupo de desmovilizados de lo que fue el Ejército Sandinista ha empezado a mostrar secuelas de la huelga de hambre.
A la fecha han quedado seis de los exmilitares que permanecen en ayuno voluntario, que de una u otra manera han mantenido la protesta, al irse integrando a la misma en el transcurso de los cuarenta días.
Varios de los que iniciaron la protesta debieron desistir por recomendaciones médicas, luego de daños irreversibles provocados por la huelga de hambre. El último fue Ignacio Barrantes Castellón, uno de los primeros en iniciar el ayuno, y quien el lunes fue llevado de emergencia al Hospital Antonio Lenín Fonseca en “estado crítico”, por lo que debió suspender la huelga de hambre, confirmó Carlos Ramírez, representante de la Asociación Consejo Defensores de la Patria, a cargo de la protesta.
Ramírez lamentó que pese a los cuarenta días de protesta por parte de esa organización ninguna autoridad ha escuchado sus demandas, mientras seis de sus compañeros permanecen acostados sobre un colchón tirado en el suelo, bajo una champa instalada en un predio de la Cruz Roja Nicaragüense.
Ramírez denunció que el lunes aunque entregaron cartas por diferentes instituciones, como la Procuraduría General de la República, la comisión que designó el Gobierno a cargo de Raúl Venerio, la Asamblea Nacional e Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), casualmente en ninguna de esas instancias hubo un funcionario que los recibiera. Y por tanto, debieron dejar las cartas con sus demandas con una recepcionista. En todos los sitios les alegaron que el encargado no se encontraba.
Los exmilitares insisten en su demanda por la reglamentación de la Ley 830, Ley Especial para Excombatientes y que se apruebe la iniciativa de ley para el reajuste de pensiones a las víctimas de guerra.
“A la fecha nada. Seguimos agotando las vías, pero no hay sensibilidad del Gobierno en cuanto a esto”, lamentó Ramírez.
Desde un inicio los integrantes de la Asociación Consejo Defensores de la Patria han alegado que desde hace casi cuatro años que han iniciado su lucha han recibido promesas de los funcionarios del Gobierno, como la entrega de un lote de terreno urbano, así como inicialmente cincuenta manzanas de tierra en el campo y posteriormente cinco manzanas, pero al final no han recibido nada.
Esa asociación dice poseer documentos en los que les entregaron doscientos certificados de entrega de lotes, pero que todo quedó en papeles.
Tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a las que han recurrido los desmovilizados, se han pronunciado a favor de que el Gobierno busque alternativas para que sea solucionado ese problema y los huelguistas suspendan su protesta.
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