Una hora les tomó deliberar a cuatro miembros de un jurado para declarar culpables de asesinato en grado de frustración a José Antonio Mendoza Mendoza y Berman Antonio Montenegro Rivera, quienes atacaron y asestaron cuatro balazos al productor y concejal sandinista de El Tuma-La Dalia, Lorenzo Justiniano Rizo Centeno.
En el sitio, Mendoza forcejeó con Douglas Antonio Loza Rueda, sobrino del concejal y posteriormente, cuando Rizo Centeno salió armado de la casa, fue atacado a balazos por los dos acusados y el desconocido prófugo, quienes le asestaron cuatro disparos: dos en el abdomen, uno en el tórax y otro en la pierna derecha.
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No obstante, después del juicio tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, el jurado declaró no culpables a los acusados por el delito de tenencia y uso ilegal de armas de fuego que también les imputaba la Fiscalía.
Previo a que el jurado emitiera el veredicto, la defensora pública Fátima Granados y el defensor particular Freddy Rizo Huerta, en representación de Montenegro y Mendoza, respectivamente, coincidieron al apuntar que los testigos no pudieron identificar a los agresores del concejal y ambos pidieron el veredicto de no culpabilidad para sus representados.
Acto seguido, el concejal Rizo Centeno pidió al jurado que votara por la culpabilidad de los acusados indicando que “soy un productor como hay muchos productores aquí (algunos que le acompañaban en la Sala de Juicios) que corremos el riesgo todos los días con este tipo de gente (acusados) (…) porque a tu casa llega un bandido de estos y te va a quitar la vida”.
De los acusados, solo Mendoza se dirigió al jurado indicando que eran falsas las acusaciones en su contra y “en ningún momento hemos cometido ese delito y yo lamento mucho la situación del señor (Rizo Centeno). A como yo también estoy enfermo (…) vine con él (Montenegro) a cortar café a la hacienda La Laguna (…). No hemos cometido ningún delito”.
Pero, después del veredicto del jurado, al debatir las penas que serían impuestas a los acusados, Granados y Rizo Huerta pidieron la mínima para sus representados; mientras que el fiscal auxiliar Alfonso Pineda y el acusador particular Reinaldo Manzanares pidieron la máxima.
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