Un grupo de pequeñas empresas de seguridad privada, las cuales fueron consultadas ayer en la Asamblea Nacional como parte de la creación de la Ley de Seguridad Privada, se mostró en desacuerdo con la propuesta de disponer de medio millón de córdobas de capital social para iniciar operaciones, porque existen empresas pequeñas que no tienen esa capacidad.
Para obtener licencia de operación, una empresa de seguridad debe tener el siguiente capital según la modalidad:
1.- Vigilancia física: un capital social suscrito y pagado no menor de 500,000.00 córdobas.
2.- Protección de valores: un capital social suscrito y pagado de 2,500,000.00 córdobas.
3.- Seguridad electrónica: un capital social suscrito y pagado de 500,000.00 córdobas.
4.- Formación y capacitación en seguridad: un capital social suscrito y pagado de 100,000.00 córdobas.
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El representante de la pequeña empresa de seguridad privada Alfa SA, Eduardo Molina, opinó que las pequeñas empresas de seguridad privada deben ser tratadas como “mipymes” para que las cargas fiscales y otros pagos correspondan con el tamaño de la empresa.
El diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez, mostró la disposición de los diputados a “adaptar” la iniciativa de Ley de Seguridad Privada a las observaciones de los consultados, porque están claros de que hay tres categorías de empresas y las más pequeñas no podrían cumplir con el monto de medio millón de córdobas para constituir una nueva empresa.
Uno de los tipos de seguridad privada es la vigilancia física, protección personal —que puede ser comercial, industrial, residencial o domiciliar y de eventos públicos—. Luego está la protección de valores, que incluye transporte terrestre, aéreo, acuático y transfronterizo y custodia. Y la de seguridad electrónica que puede ser con GPS y con centrales receptoras y de monitoreo de alarmas, entre otras.
La comisión de Gobernación está en proceso de consulta para crear la Ley de Seguridad Privada.
Para la creación de esta ley se ha consultado a más de veinte representantes de grandes empresas de seguridad privada y aún faltan más de cien representantes de pequeñas empresas.
También falta por consultar a la Policía Nacional, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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