Al igual que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en su informe final sobre estos mismos hechos solicitó una investigación seria, objetiva e imparcial, lo hizo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Y entre las recomendaciones planteadas está que lleven a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos y que sea conducido un proceso penal por el delito de abuso de autoridad o funciones, como está establecido en el artículo 432 del Código Penal, para que sean identificados los responsables.
También demanda la CPDH “reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos” que fueron cometidas.
[/doap_box][doap_box title=»» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]22 personas de El Tule, San Miguelito, fueron “salvajemente golpeadas” durante el proceso de detención que realizó la Policía Nacional, aseguró la CPDH en su informe sobre los hechos del 24 de diciembre del 2014.[/doap_box]
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) también concluyó en su informe final sobre los sucesos de El Tule y Rivas, ocurridos en diciembre del año pasado, que en la actuación de las fuerzas policiales “hubo saña y abuso de la fuerza física”.
El informe de la CPDH hace referencia a la represión desatada por las fuerzas regulares, en contra de personas que protestaban contra el proyecto del Gran Canal, “ya que se sienten amenazados de expropiación sobre sus tierras y patrimonio familiar”.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, afirmó que una copia del mismo le fue enviada ayer al presidente inconstitucional Daniel Ortega y a través de este demandan una investigación imparcial y efectiva de los hechos denunciados.
La CPDH resalta que en este caso se vulneró el debido proceso, pues siete de los detenidos pasaron seis días en detención ilegal.
“En los testimonios destacan la utilización de culatazos de fusiles, golpes con la cacha de pistolas, patadas y golpes con la mano, codazos y garrotazos”, describe en parte el informe de la CPDH. En el mismo, esa organización de derechos humanos destaca que además de la detención a estos ciudadanos les fueron decomisadas, sin ningún procedimiento, las pertenencias que portaban al momento del arresto.
“Entre las pertenencias retenidas están: motocicletas, camionetas, dinero en efectivo, celulares y en algunos casos sus documentos personales”, apunta la CPDH en el informe.
La CPDH determinó que “en esta detención en masa, no se detuvo a la mayoría de las personas por flagrancia de la comisión de un delito; al contrario eran personas que se encontraban en una protesta de forma pacífica, puesto que si se encontraban cometiendo un delito era necesaria la individualización de las acciones de los sujetos”.
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