La Dirección General de Ingresos (DGI) adeuda a unas 29 empresas industriales más de 415 millones de córdobas en concepto de devolución de impuestos, denunció ayer el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El presidente de esa organización, José Adán Aguerri, dijo que el saldo solamente corresponde a empresas asociadas en la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y que empezarán a actualizar la cifra con el resto de las empresas agremiadas en las otras cámaras.
La queja ya está en manos de la Presidencia, luego que ayer los empresarios enviaran al Gobierno a través de la Comisión de Seguimiento la lista de las empresas que están reclamando la devolución de su dinero.
“Estos son adeudos que vienen desde 2012 y que ya no deberían estar en este bolsón, pero que la Dirección General de Ingresos ha venido atrasando”, señaló Aguerri.
Ese mismo problema también está afectando a empresarios de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y la Cámara Minera de Nicaragua, precisó Aguerri.
El presidente de Cadin, Rodrigo Caldera, dijo ayer que esta semana tuvieron una comunicación con el director general de la DGI, Martín Rivas, quien les prometió que les iba a resolver esta traba.
Caldera asegura que solo el año pasado está pendiente la devolución de unos doscientos millones de córdobas, y se eleva a más de cuatrocientos millones desde el 2012.
“Nosotros vamos a esperar respuesta de ellos (de la DGI) y que nos diga cómo nos va a resolver esta situación”, acotó.
INVERSIÓN FRENADA
¿Cómo afecta a las empresas esta traba? Caldera dijo que ese dinero retenido limita la liquidez de las compañías, y por tanto la inversión que se podría hacer para mejorar sus procesos.
“Esa es una liquidez que está ahí tenida, y se está coartando la oportunidad de poder usar esos recursos para diferentes tipos de inversiones y por eso estamos solicitando el reembolso de ese dinero”, enfatizó.
Para el presidente del Cosep, por su parte, el retraso de la DGI en el cumplimiento de su compromiso de devolver impuestos es una violación a la ley fiscal.
LA PRENSA intentó conocer la versión de la Cámara Minera, pero no respondieron las llamadas telefónicas.
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