La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica sigue esperando informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para acusar penalmente a los sospechosos de cometer irregularidades en la apertura de la carretera fronteriza, cuya construcción es motivo de conflicto con Nicaragua por la contaminación vía sedimentos que eventualmente sufre el río San Juan, el cual bordea.
Según la Fiscalía, solicitó ampliaciones de informes al OIJ después de indagatorias a los acusados en noviembre pasado, la cual le permitió ampliar de 16 a 42 las personas imputadas en el caso.
El OIJ se encuentra realizando las investigaciones respectivas y tales informes la fiscalía las espera desde el primer semestre del año pasado para poder acusar penalmente.
Los 42 señalados son por el delito de peculado y son en su mayoría empresarios constructores, quienes aparentemente pactaron de manera ilícita para sustraer fondos públicos, según la Fiscalía.
El caso de “La Trocha”, como le llaman los ticos a esta carretera rural, se tramita bajo el expediente 12-000053-621-PE y no solo recopila las investigaciones contra empresarios, sino contra el exdirector del estatal Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta; y los ex ingenieros de esta entidad Miguel Ramírez y Manuel Serrano.
La Ruta 1856: Juan Rafael Mora Porras, como se llama oficialmente, empezó a construirse en 2011 sin estudios ambientales ni diseños, en medio de un decreto de emergencia nacional dictado por el entonces gobierno de Laura Chinchilla, por un conflicto fronterizo iniciado a finales de 2010 con Nicaragua por la disputa de un humedal en la desembocadura del río San Juan, el cual el gobierno nicaragüense dragó.
Costa Rica invirtió más de 40 millones de dólares que habrían sido usados sin control y en mayo de 2012, la propia Chinchilla denunció actos de corrupción para remitir el caso a la fiscalía.
Las indagatorias de la fiscalía del pasado mes de noviembre, se unen a otras desarrolladas durante la fase de recolección de pruebas, entre las que destacan 55 allanamientos, 12 levantamientos del secreto bancario, dos solicitudes de levantamiento tributario de personas físicas y jurídicas, más de 125 entrevistas y 16 solicitudes de secuestro de información privada.
Otra gestiones fiscales realizadas están cubiertas por el secreto de las actuaciones, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
La modalidad delictiva que habrían incurrido los empresarios acusados, es el de proveedores distintos que reportan una misma maquinaria utilizada para una misma fecha; algo que ha señalado el fiscal general, Jorge Chavarría.
El reporte de un mismo empresario que incluye dos veces la misma maquinaria en los reportes, durante el mismo período de trabajo.
También hay reportes del uso de una maquinaria con irregularidades en los registros aduaneros al momento de importarlos.
Otras irregularidades en los reportes de control de trabajo diario de las maquinarias, aún cuando no existe registro de que se haya usado.
Según Chavarría, los empresarios constructores les pagaron una fiesta a dos de los funcionarios del Conavi investigados que supervisaban la apertura de la carretera, en un centro nocturno de San José hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
El fiscal general ha recibido críticas diversas por la lentitud que se ha manejado el caso de la trocha y otros más de envergaduras en el país.
De ser el proyecto emblema del gobierno de Chinchilla, esta obra terminó uno de los más sonados escándalos de corrupción en el país.
