El Patronato Nacional de la Infancia (Pani), de Costa Rica le dará cristiana sepultura al niño nicaragüense de dos años y medios que murió producto de torturas en Los Chiles, comunidad fronteriza con Nicaragua; y asumirá temporalmente la protección de un hermanito de 5 meses de nacido del menor fallecido.
La gerente técnica del Pani, Patricia Hernández, indicó que la oficina de esta institución en Los Chiles hace gestiones ante los tribunales de justicia para coordinar lo del sepelio del menor, a solicitud de su madre, una nicaragüense de 16 años de apellido Mendoza, quien se encuentra recluida con dos meses de prisión preventiva en una cárcel del norte costarricense.
“Nuestra oficina en Los Chiles está avocada al tema del sepelio del bebé que lamentablemente falleció (…). Nosotros asumiríamos todo para que el niño pueda enterrarse en un lugar adecuado. Estamos negociando con la mamá del niño que ha manifestado en un primer momento su anuencia a que nosotros nos hagamos cargo del sepelio, sin embargo estamos coordinando esto a través de la fiscalía y del centro penal donde está la mamá”, expresó Hernández.
“No hemos podido determinar el lugar (de la sepultura). Tenemos varios ofrecimientos, sin embargo en estas situaciones contamos con ayuda de alguna congregación religiosa. (Probablemente será) en un lugar más próxima a la capital (San José). Estamos valorando opciones”, añadió.
Sobre el hermanito del fallecido, otro menor de 5 mese, quien también estuvo en el hospital por golpes superficiales, el Pani decidió protegerlo durante seis meses mientras coordina con el Ministerio de la Familia en Nicaragua para determinar si hay familiares en Nicaragua que quieran y cumplan los requisitos para asumir su custodia.
“En este momento el niño está bajo nuestra protección. Sin embargo, por ser un niño de origen nicaragüense también hacemos las coordinaciones necesarias con el Ministerio de la Familia a efectos de determinar si hay algún recurso familiar en su país de origen, para que se pueda eventualmente hacerse cargo de él”, explicó Hernández.
“De ser así, el Ministerio de Familia realizaría alguna valoración para determinar la idoneidad del recurso familiar”, añadió Hernández.
Según los noticieros locales, una abuela y una tía del menor huyeron de Costa Rica el miércoles hacia San Carlos de Nicaragua, de donde al parecer son originarias. Se fueron sin haber reclamado el cadáver del niño ni contactar al Pani para la custodia del otro menor sobreviviente.
La madre de los niños y su pareja, el nicaragüense José Noel Icabalzeta, también detenido como sospechosos de torturar hasta con agujas al niño fallecido, llegaron a Costa Rica hace aproximadamente un mes.
Al parecer, según el Pani, en Nicaragua había antecedentes de agresión hacia el menor, pero en Costa Rica no registran antecedentes parecidos hasta el desenlace ocurrido el lunes.
La Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, aseguró que la madre adolescente había sido violada desde los 13 años en Nicaragua.
“Ella salió huyendo de Nicaragua porque tenía un agresor de 34 años que le duplicaba la edad y la volvió a encontró en este país”, declaró.
Esta tragedia sigue consternando a Costa Rica, país que reprocha este tipo de crueldad. El presidente Luis Guillermo Solís, pidió justicia sobre este caso reflexionó consternado y con la voz entrecortada al momento de dictar un discurso en el cambio de mando en el Ministerio de Seguridad.
«Este acto me conmueve más como padre. No es usual una situación como esta en nuestro país, pero sí ocurre. Debemos estar conscientes de que la justicia tendrá que castigar a los culpables», dijo el mandatario.
«Los vecinos del niño reconocieron que quizá debieron hacer una denuncia. Esto forma parte de su responsabilidad», añadió Solís al sumarse a voces que piden colaboración a la ciudadanía para denunciar este tipo de agresiones.
La Defensoría de Los Habitantes llamó al país a cerrar filas a favor de la protección de los niños y evitar maltratos.
“La reciente muerte del niño de dos años de edad en la comunidad de Los Chiles, nos obliga a todos y todas a evaluar las acciones que realizamos para garantizar la protección de los niños y niñas”, dijo la Defensoría.
“Es indignante e intolerable que un niño muera en manos de las personas que están obligadas a protegerlos y garantizar su pleno desarrollo, es decir sus padres, madres o personas encargadas”, añadió.
