El recién nombrado asesor presidencial y vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, aseguró, al ser cuestionado por la presencia de la Policía y el Ejército en comunidades de San Miguelito, que “la Policía y el Ejército da seguridad al pueblo de Nicaragua. La Policía y Ejército está en todos los rincones del país y su presencia da seguridad y no riesgo a la seguridad, así que más bien nosotros creemos que donde están hay más seguridad”.
La construcción comenzó el año pasado y se prevé que la base esté lista en 2016. La cesión de las tierras es por cincuenta años, igual que la concesión otorgada para el Gran Canal de Nicaragua, y el acuerdo incluye una serie de exenciones impositivas que le corresponde otorgar al Congreso Nacional.[/doap_box]
Estas declaraciones son a partir de la decisión de los padres de familia de unas treinta comunidades de San Miguelito de no enviar a sus hijos a la escuela como medida de presión por la constante presencia, desde diciembre de 2014, de miembros de la Policía y el Ejército, ante la ola de protestas que se han generado en la zona, en rechazo a la construcción del proyecto del Gran Canal Interoceánico.
A través de un comunicado, los padres de familia indicaron que “de manera unánime acordamos no enviar a la escuela a los niños hasta que se cumpla el derecho constitucional de la propiedad privada y vivir en paz, porque el derecho de la propiedad privada y la vivienda está amenazado por el arrebato que pretende el Gobierno con la Ley 840 (Ley del Gran Canal)”.
Para el especialista en temas educativos y politólogo, Carlos Tünnermann, los campesinos han recurrido a esta “medida extrema” porque tienen suficientes motivos para haber tomado la decisión de no inscribir a sus hijos en las escuelas.
“Ellos lo que exigen es que para que el año escolar comience con normalidad se retiren de los centros escolares y de los municipios los efectivos militares”, aseguró Tünnermann.
Para el experto en Educación, en una situación como esta “lo ideal es que de inmediato se debería presentar una autoridad del Ministerio de Educación (Mined) con suficiente autoridad para dialogar con los padres y deberían exigir el desalojo de los centros escolares, si es que los militares los están ocupando”.
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