En el editorial del jueves 15 de enero corriente, Restituir el derecho a elegir , mencionamos que no solo los partidos políticos democráticos, las organizaciones independientes de la sociedad civil y los empresarios privados, han demandado cambios sustanciales en el Consejo Supremo Electoral y reformas del sistema electoral para que las elecciones del próximo año puedan ser justas, limpias y competitivas.
También los obispos de la Iglesia católica de Nicaragua han planteado esa demanda, incluso de manera personal a Daniel Ortega. Así lo hicieron en el trascendental documento titulado En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor , que la Conferencia Episcopal le entregó en sus manos a Ortega, el 21 de mayo del año pasado, cuando se reunieron en la Nunciatura Apostólica con el auspicio del representante diplomático del Vaticano en el país, monseñor Fortunatus Nwachukwu.
Pero hasta ahora Daniel Ortega no ha dado respuesta a ese documento, no le ha respondido a la Conferencia Episcopal ni al pueblo nicaragüense, que según los obispos es a quien debe responder. Por eso mismo, y porque este año es preelectoral, es oportuno, importante y necesario recordar el planteamiento de los obispos sobre la necesidad de una reforma electoral democrática para restituir a los nicaragüenses el derecho a elegir.
Dice la Conferencia Episcopal: “A lo largo de estos años el ‘acelerado avance de formas de regresión autoritaria por vía democrática’ que los obispos de América Latina detectaban para algunos países del continente en el Documento de Aparecida (n. 74), fue alcanzando niveles considerables en Nicaragua. En dicho fenómeno social ha sido determinante el rol del Consejo Supremo Electoral, ‘que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad’ y a cuyas acciones deshonestas calificábamos en 2011 no solo como éticamente negativas, sino como pecado, es decir, como actos reprobables a los ojos de Dios (cf. Carta CEN, 16.11.11). A partir del resultado de las elecciones del 2011 la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-Partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro”.
Es por eso que en su documento del 21 de mayo de 2014 la Conferencia Episcopal propone a Daniel Ortega “dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país. Le pedimos con todo respeto —dicen los obispos— que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”.
Esa es la propuesta de la Iglesia que de ser atendida permitiría a los nicaragüenses recuperar el derecho a elegir.
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