La ley es un precepto obligatorio dictado por la autoridad legislativa, que manda, prohíbe o permite alguna cosa. Por lo general una ley tiene que reunir tres condiciones importantes: estabilidad, generalidad y obligatoriedad. La primer condición, ser estable es vital para garantía de los gobernados, si la ley es cambiante a cada momento, no existe una seguridad jurídica y la desconfianza reina; tiene que ser general es decir aplicable a todos, cuando se promulga una ley para un determinado sector en su beneficio o perjuicio, invade el ámbito jurisdiccional, es decir de la aplicación de la justicia, y debe ser obligatoria, ya que una norma sin la coerción y la protección de la fuerza no tiene eficacia alguna.
La autoridad legislativa tiene que ser muy cuidadosa en la promulgación de leyes, ya que además de reunir las condiciones ya señaladas, precisa esté en armonía con la ley fundamental del país: La Constitución Política, la idiosincrasia del pueblo, sus valores y los principios generales que imperan en la sociedad. Una ley que exige o impone condiciones muy gravosas, por lo general no se aplica o se lo hace en forma parcial; una norma sin sanciones en caso de incumplimiento es simple declaración; la norma desprovista de recursos económicos y humanos para su aplicación es inaplicable.
Se ha promulgado gran cantidad de leyes muy modernas y con precisas normas técnicas que únicamente tienen vigencia por haber sido publicadas, pero no tienen ninguna injerencia en la vida cotidiana del ciudadano, son para algunos para la exportación legislativa, a mi parecer deberían derogarse por falta de uso y dado que el no uso no deroga la ley, la autoridad legislativa por decoro debería hacerlo.
En muchos países para aprobar una ley, de previo una comisión de presupuesto del propio poder legislativo en coordinación con el poder ejecutivo, tiene que determinar de dónde provendrán los fondos necesarios para su debida aplicación; aprobarla y después no designarle los recursos necesarios es un fraude imperdonable a la ciudadanía, un engaño cruel y una esperanza que nunca será realidad.
He leído textos legales nacionales, con lenguaje propio de las naciones más desarrolladas, que nada tienen que envidiarle a país alguno, pero en la práctica no se dispone ni siquiera del combustible necesario para que el funcionario cumpla con las obligaciones que dicha ley le impone; en vez de simplificar trámites burocráticos y aprovechar la tecnología de la comunicación, insistimos en pedir cédula de identidad y a la vez certificados; exigimos presencia física para un simple trámite; persisten en algunos casos la filas enormes para realizar gestiones, que podría realizarse por teléfono, fax, correspondencia escrita o correo electrónico. Ahora comprendo por que la juventud usa internet exclusivamente para navegar por las redes sociales, aquí no tiene otra función práctica.
Existe la inclinación de promulgar leyes incompletas sujetándolas a un futuro reglamento, que no se publica, con el objeto que no sea aplicable, lo cual es incorrecto, toda ley debe ser aplicable desde su vigencia, un reglamento lo único que hace es pormenorizar detalles de una ley determinada y no dejar a la autoridad un poder discrecional muy grande. En caso de que no exista tal reglamento, debe aplicarse con la discrecionalidad debida, pero no argumentarse que por falta de reglamento una ley no es aplicable.
Hoy, la tendencia legislativa es crear un sinnúmero de leyes con grandes enunciados, principios y declaraciones, dícese que por aquello del carácter educativo, leyes que hablan de grandes avances y grandes derechos y garantías para el ciudadano, que al final quedan en puras palabras, leyes que más que una norma jurídica que manda, prohíbe o permite alguna cosa con sus respectivas sanciones a su incumplimiento, se parecen y son más símiles a un poema o a la declaración de amor entre amantes. El autor es abogado.
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