El miércoles de esta semana se realizó en San Miguelito, departamento de Río San Juan, otra marcha de pobladores cuyas propiedades serán o podrían ser expropiadas para la construcción del Gran Canal de Nicaragua.
La de San Miguelito ha sido la séptima de estas marchas, que comenzaron el 19 de septiembre recién pasado y son organizadas por la denominada Comisión Departamental para la Defensa de las Propiedades de la Población Afectada por la Construcción del Gran Canal. Las protestas se han realizado en distintos municipios de los departamentos de Rivas y Río San Juan, así como en el de Nueva Guinea que pertenece a la Región Autónoma del Atlántico Sur, todos los cuales, además del de Chontales están amenazados directamente por las expropiaciones de la empresa china HKND para construir el Gran Canal y las obras complementarias.
Voceros oficiales y oficiosos del Gobierno aseguran que las marchas son alentadas y organizadas por “la derecha reaccionaria”. De esa manera pretenden politizar las protestas a fin de descalificarlas y posiblemente justificar su eventual represión violenta. Pero la verdad está a la vista. El movimiento de protesta se ha generado de manera espontánea entre la gente de la misma población auto convocada para defender sus propiedades, es una lucha completamente ajena a cualquier interés político partidista. Cabe mencionar que en la única ocasión en que diputados del partido opositor PLI se presentaron en una de las marchas, para respaldarla, con cortesía pero enérgicamente los marchistas los mandaron hacia atrás de la manifestación pública.
En realidad, este movimiento de protesta no tiene ningún tinte partidista. Entre las personas en cuyas propiedades se han presentado los agentes chinos respaldados por policías y militares armados para levantar un censo de las propiedades que posiblemente serán expropiadas, hay gente sin partido, miembros del Frente Sandinista o del PLI y del PLC, o simplemente votantes de estos partidos. Incluso muchos de los que participan en las marchas admiten que son sandinistas y han votado por Daniel Ortega, de quien ahora se sienten decepcionados y lo acusan de traicionar su confianza y sus esperanzas.
Es que para esta gente el problema no es solo que de acuerdo con la Ley 840 (dictada por el régimen orteguista para legalizar el tratado canalero de Daniel Ortega con el chino Wang Jing, o quien sea que esté detrás de este), las expropiaciones no serán pagadas de manera justa, como manda la Constitución, sino de acuerdo con las conveniencias de la empresa canalera. Además, aunque los campesinos recibieran un pago justo por sus tierras expropiadas, no tendrían a donde ir con sus familias, sus cachivaches, su ganado y su cultura tradicional de labor. No hay en el país un banco de tierras de reserva para que ellos pudieran adquirir nuevas propiedades y mucho menos que vayan a tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida después de ser expropiados, como falazmente y sin ninguna pena promete el locuaz vocero orteguista del proyecto canalero.
De modo que no es propiamente contra el Canal que está marchando esa gente sino en defensa de su propiedad, por la cual dicen estar dispuestos hasta dar la vida.
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