Preocupa a algunos (o quizás a muchos) en la oposición, que el régimen orteguista autorizará por medio de su Consejo Supremo Electoral nuevos partidos políticos para que participen en las próximas elecciones.
Se considera en los círculos opositores que la creación y legalización de nuevos partidos es una maniobra del orteguismo para confundir a la gente y dividir a sus adversarios más de lo que ya están divididos. Creen que de esa manera Daniel Ortega estaría facilitando su siguiente reelección presidencial y en todo caso la permanencia de su partido, el FSLN, en el poder.
Pero a la oposición no le debería preocupar que surjan más partidos políticos para participar en las elecciones de noviembre de 2016, así sea por orden y conveniencia de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. La organización de partidos y la participación política es un derecho democrático básico de los ciudadanos, lo mismo que el derecho al sufragio aunque no se pertenezca a ningún partido. Sin estos derechos la democracia no puede funcionar realmente o solo es una farsa.
El derecho de organizar partidos políticos y de afiliarse a ellos es garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos. Además se trata de un derecho que está consagrado en la Constitución de Nicaragua, artículo 55, el cual no dice que solo es para participar en y por medio del FSLN, del Partido Liberal Independiente (PLI) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En la democracia el pluralismo partidista y la competencia política son normales y comprensibles. Y también son necesarios, aunque tiendan a dispersar políticamente a la sociedad y molesten a los partidos más grandes que quieren tener el monopolio de la vida política, ya sea en el poder o en la oposición. En realidad es antidemocrático obligar a los ciudadanos a afiliarse solo a dos partidos políticos, y a votar únicamente por sus candidatos, como lo pretendía hacer la dictadura somocista cuyo sistema político era bipartidista por fuerza de ley constitucional. En ese tiempo solo se podía participar en política por medio del Partido Liberal y el Partido Conservador. Había otros partidos pero actuaban de hecho —como el Partido Liberal Independiente, el Partido Socialista y el Partido Social Cristiano— y tenían que funcionar al margen de la ley.
El único bipartidismo democráticamente aceptable es el que resulta de la voluntad electoral de los mismos ciudadanos. O sea, donde y cuando hay diversos partidos con iguales derechos pero la gente vota mayoritariamente a dos de ellos y los alterna en el poder. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gran mayoría vota a los partidos Demócrata y Republicano pero existen otros partidos, como por ejemplo el Verde, el Libertario y el Comunista, entre otros, que participan en las elecciones con sus propios candidatos aunque nunca ganan.
De manera que no es cierto que la existencia de numerosos partidos de oposición —verdaderos o prefabricados— confunda a la gente y disperse el voto democrático. Como ya lo hemos recordado antes, en las elecciones de 1996 participaron 32 partidos con 23 candidatos presidenciales, pero el 88 por ciento de los ciudadanos votó por los del PLC y el FSLN. El problema de Nicaragua no es que existan más o menos partidos, sino que no hay elecciones libres, justas y transparentes.
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