Los atentados terroristas del pasado 19 de julio que causaron la muerte de cinco personas simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega y heridas a otras 24, fueron condenadas unánimemente por todos los sectores de la sociedad nicaragüense pero también provocaron muchas dudas y especulaciones.
El hecho de que algunos de los detenidos y acusados por la Policía fueran miembros y simpatizantes del FSLN, motivó la especulación de que el acto terrorista podría ser consecuencia de una lucha entre facciones del partido gobernante, lo cual ha ocurrido y ocurre en movimientos políticos radicales y regímenes autoritarios que son o dicen ser revolucionarios.
Por otra parte, la información también de la Policía de que algunos de los hechores eran miembros del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), motivó la especulación de que quizás la acción terrorista fue realizada por alguno de los grupos de alzados en armas que operan en el norte del país, infiltrado en el movimiento político de oposición. Sin embargo esta hipótesis careció de consistencia porque un grupo armado con fines políticos no asesina de manera tan cobarde a personas desarmadas e indefensas, eso solo lo hacen los cárteles del narcotráfico y los terroristas islamitas.
Precisamente otra información brindada por la jefa de la Policía, acerca de que uno de los implicados tenía o había tenido conexión con el cártel de Los Zetas, dio pie a la suposición de que el atentado terrorista fue obra del narcotráfico internacional, que por alguna razón y con algún objetivo que solo ellos conocen quería enviar un mensaje de advertencia al Gobierno de Nicaragua.
La misma jefa de la Policía causó todavía más dudas al decir que no hubo ningún móvil para las acciones criminales del 19 de julio, a pesar de que la ciencia y la experticia criminalística aseguran que todo crimen tiene o debe tener un móvil. Pero según ella hay crímenes sin motivo y mencionó como ejemplo los asesinatos colectivos cometidos en Estados Unidos por individuos que sin razón alguna y por insania mental disparan contra estudiantes o los acuchillan en centros escolares.
De allí que muchas personas esperaban que en el juicio que se siguiera a los acusados por los atentados del 19 de julio la verdad saliera a luz, que se aclararan las dudas, que las preguntas encontraran respuestas y que se disiparan las especulaciones. Pero esto es lo que ocurre en países donde hay un Estado de derecho, la justicia es independiente y se respetan las garantías procesales de los sospechosos y acusados de cometer crímenes. Lo cual no es el caso de Nicaragua, donde la Policía está partidarizada y la administración de justicia actúa según las “orientaciones” que le llegan desde arriba. De modo que primero las indagaciones policiales sobre los atentados del 19 de julio y después el juicio contra los acusados, parecieron más una farsa que un serio acto de justicia.
En realidad, lo único que quedó claro del sainete policial y judicial montado por el régimen por causa de los atentados del 19 de julio, es que la Policía está subordinada políticamente, que no hay justicia independiente y que se violaron los derechos humanos y el derecho al debido proceso de los acusados, quienes denunciaron que fueron torturados para obligarlos a confesar lo que las autoridades querían que confesaran.
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