Desde ayer se está realizando en Ciudad del Vaticano el Sínodo extraordinario de la Iglesia católica sobre la familia. Sínodo, como se sabe, es el nombre que se da en el lenguaje de la Iglesia católica a la asamblea generalmente de carácter deliberativo que celebran los obispos y otras autoridades eclesiásticas para tratar temas de su particular interés.
Este Sínodo fue convocado por el papa Francisco para tratar específicamente sobre los grandes desafíos que enfrenta la familia en la actualidad y participan en las deliberaciones 253 personas, entre cardenales y obispos, 13 matrimonios y varios laicos cuidadosamente seleccionados, provenientes de diversos países.
De este Sínodo saldrá un documento conclusivo que será presentado al papa Francisco y después enviado a los obispos y Diócesis de todo el mundo, acompañado con un cuestionario papal. Los cuales servirán de base para la discusión del siguiente Sínodo sobre la familia, que se realizará el próximo año y de donde saldrá la iluminación sinodal para el enfoque pastoral de las nuevas situaciones que enfrenta la familia, que es la célula básica de la sociedad y la cual se encuentra actualmente en crisis, según se dice en el documento preparatorio de esta asamblea católica mundial reunida en el Vaticano.
El debate del Sínodo no está abierto al conocimiento público, pero se sabe que en el texto de las posiciones de partida que fue leído ayer por el relator general, el obispo húngaro Peter Erdo, se señala como una posición común que “los divorciados pertenecen a la Iglesia y no hay que discriminar a los homosexuales”. La cuidadosa precisión sobre estos dos temas se debe a la controversia pública planteada previamente entre algunos cardenales y obispos llamados “progresistas y conservadores” acerca de la comunión a los católicos divorciados; y es también por la presión externa en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las personas homosexuales “no deben ser discriminadas como recalca también el Catecismo de la Iglesia católica”, se dice en el documento base de la discusión que fue leído por el obispo húngaro antes mencionado, quien aclaró que eso no significa que se deba esperar que sus relaciones puedan ser equiparadas “con el matrimonio entre hombre y mujer”.
En Nicaragua los temas de la eucaristía o comunión para los católicos divorciados y el matrimonio gay también concitan interés, como en otras partes del mundo. Sin embargo, lo que más preocupa actualmente es la pretensión del Gobierno de imponer los llamados gabinetes de la familia, que supuestamente tienen fines de protección social pero en realidad son instrumentos políticos de control social totalitario.
En el documento que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presentó al presidente inconstitucional Daniel Ortega el 21 de mayo pasado, los obispos le pidieron “que quede suficientemente claro el límite de los llamados “gabinetes de la familia” y se evite su indebida injerencia en la vida de nuestras familias”. Pero la respuesta de Ortega ha sido dar fuerza legal a los gabinetes de la familia, por medio del Reglamento de la Ley 779, a fin de obligar a las instituciones religiosas a cooperar con su labor de control político estatal y partidista de las familias nicaragüenses.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
