El viernes de la semana pasada se informó que 122 empleados del Ministerio de Educación (Mined), de las direcciones de Infraestructura Escolar y Adquisiciones, fueron despedidos de sus empleos públicos mediante el expediente de obligarlos a firmar cartas de renuncia —típico de un régimen autocrático y arbitrario como el de Daniel Ortega— porque sabían de la corrupción alrededor de los contratos para construcción y reparación de escuelas pero “no informaron a los altos mandos” de dicho Ministerio.
La información fue confirmada a LA PRENSA por algunos de los despedidos que hablaron bajo la condición de anonimato por temor a peores represalias. Sin embargo la directora general de Recursos Humanos del Mined no quiso hablar del asunto con el periodista de este Diario que la llamó a su celular para que le diera la información oficial, a lo cual las autoridades de todas las instituciones de Gobierno están obligadas por mandato constitucional y de la Ley de Acceso a la Información Pública. Están obligadas, pero no cumplen su obligación.
Sin duda que la barrida de peces chicos en el Mined después que previamente los viceministros de esa cartera fueron destituidos mediante el mismo procedimiento de las “renuncias”, ha sido consecuencia de las investigaciones que LA PRENSA ha venido realizando desde febrero del presente año por medio de sus periodistas Jeniffer Castillo y Moisés Martínez, sobre adjudicaciones irregulares de contratos para la construcción y reparación de escuelas concedidos a empresas particulares vinculadas a un dirigente intermedio y diputado suplente del FSLN. Pero además de que tales adjudicaciones han sido arbitrarias y violatorias de la ética de la función pública, las empresas beneficiadas con ellas no cumplieron las estipulaciones de los contratos sin que el Mined les aplicara las sanciones previstas en la Ley para estos casos.
Es obvio que no ha sido por propia voluntad ni por respeto al principio de transparencia gubernamental consignado en la Constitución y en la Ley, que las autoridades del Mined han reconocido de hecho la corrupción imperante en esa dependencia. Se han visto obligadas a actuar, aunque de manera vergonzante, por la fuerza de las evidencias irrefutables reveladas por las investigaciones periodísticas. Y como suele suceder en estos casos, quienes pagan las consecuencias son los peces chicos de la administración pública, los cuales son lanzados al desempleo mientras que a los peces gordos les asignan otras funciones administrativas o políticas y el delito específico de la corrupción queda sin el castigo que merece.
Pero de todas maneras este caso ha permitido comprobar y ratificar la importancia de la función del periodismo independiente, cual es la de fiscalizar al gobierno y velar por los intereses de la sociedad. Nos referimos al periodismo auténtico, que para cumplir cabalmente su función no solo debe ser crítico de los poderes públicos sino también denunciar implacablemente la corrupción, en cualquier forma y donde quiera que se practique. Como ha dicho el pensador español Fernando Savater, el verdadero periodista debe ser un espía al servicio del ciudadano. Y como lo recomendó el emblemático periodista polaco Ryszard Kapucinski, el periodista enciende la luz para mostrar a las cucarachas en el piso, pero también para señalar dónde se esconden.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
