La Asociación Médica Nicaragüense (organismo gremial y por lo tanto apolítico de los profesionales de la medicina), ha pedido un juicio justo para las doctoras María Gabriela Barrios, Arlen Romero y Teresa Cuadra, acusadas judicialmente por homicidio imprudente en el caso de la muerte de la también médico, Karina Peña López.
Por su parte, el Movimiento de Médicos Sandinistas —el cual, como su mismo nombre lo indica no es una organización profesional, sino un organismo político periférico del FSLN— después de asegurar que “ningún médico desea la muerte de su paciente” también pidió que “el sistema judicial no condene de manera injusta a las doctoras” acusadas.
Sin embargo, los médicos sandinistas se arrogaron una potestad judicial que no les corresponde y sentenciaron como culpable de la lamentable muerte de la doctora Peña López a la dirección del Hospital de Salud Integral, donde ella era atendida como paciente cuando ocurrió su fallecimiento. Y del mismo modo la Procuraduría orteguista de derechos humanos (que solo reconoce como sujetos de derechos humanos a los partidarios del Gobierno) culpó por la muerte de la doctora Karina Peña a la dirección del hospital mencionado y pidió al Gobierno que lo cierre, igual que a todas las clínicas previsionales que atienden a los afiliados al Seguro Social.
Pero politizar este caso no solo es una torpeza sino también un gravísimo error. Lo que se debe hacer, como de manera sensata y correcta lo ha pedido la Asociación Médica Nicaragüense, es que el proceso judicial que se sigue a las doctoras acusadas sea justo y transparente, ajustado a derecho. O sea que si se prueba de manera fehaciente que las doctoras son culpables, que se les castigue de acuerdo con la ley, pero si son inocentes que se les absuelva y restituya su integridad y honor profesional.
Otra cosa es que el sistema de salud pública en general y las clínicas previsionales en particular, deberían ser evaluados seriamente a fin de comprobar y eliminar las fallas que con frecuencia denuncian los usuarios, tanto de los hospitales y clínicas estatales como de las previsionales. Con sentido de responsabilidad se debe determinar si las clínicas previsionales cumplen estrictamente los protocolos de atención a los pacientes, si el INSS las inspecciona rigurosamente como es su obligación, si la cantidad de dinero que reciben las previsionales por cada afiliado del Seguro Social que tienen a su cargo es suficiente para garantizar una atención de calidad, si las fallas que se denuncian se deben a errores humanos o son por negligencia, si hay un justo balance entre atención médica y rentabilidad, etc. Lo que se requiere es mejorar las clínicas previsionales, no estatizarlas. La nefasta experiencia del Sistema Nacional Único de Salud (SNUS) que impuso el régimen sandinista de los años ochenta y sus desastrosas consecuencias que todavía están pagando los afiliados al Seguro Social, no deben repetirse.
Estatizar las previsionales como piden los jihadistas sandinistas (o sea los militantes extremistas del FSLN), tendría graves consecuencias negativas para los cotizantes del INSS. La mala atención de salud que reciben ahora sería empeorada por la mezquindad y la discriminación política que contamina y degrada la prestación de todos los servicios públicos que están a cargo del Estado orteguista.
