Desde que fue nombrado ministro asesor presidencial para asuntos de Educación y Cultura, Miguel De Castilla es quien toma las decisiones en el Ministerio de Educación (Mined), de acuerdo con una fuente de la institución.
Miriam Raudez, pese a que aún se desempeña como ministra de Educación, ya entregó la carta de renuncia que le solicitó la Presidencia de la República y permanecerá en su cargo “hasta que la Presidencia lo decida”, de acuerdo con la fuente del Mined.
La financiera del Mined, Francis Díaz, hermana del comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, es la única financiera que no fue enviada de vacaciones, de acuerdo con una fuente del Mined.
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La mañana de este lunes 22 de septiembre, efectivos de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional llegaron al Ministerio de Educación (Mined) para —junto con los llamados “interventores del INSS” enviados por la Presidencia de la República— investigar supuestos actos corrupción ocurridos en esta institución, principalmente con la reparación de escuelas.
El viernes 19 de septiembre, los autollamados “interventores del INSS” enviaron de vacaciones “hasta nuevo aviso” a casi cien trabajadores y consultores de la Dirección Administrativa Financiera, de Adquisiciones, Informática e Infraestructura escolar del Mined.
Ellos auditarán las operaciones que hizo el Mined desde 2010, cuando la institución estuvo bajo el mando del exviceministro José Treminio.
El viernes, mientras el presidente inconstitucional Daniel Ortega participaba en el desfile patrio, los interventores liderados por el tesorero del FSLN, Francisco López, llegaron al Mined y solicitaron a los trabajadores que entregaran sus computadoras y las claves de acceso porque “haremos una intervención de las gestiones”, según justificaron a los empleados de la institución.
De acuerdo con la fuente del Mined, Héctor Serrano, asesor legal del Mined, fue quien notificó a los trabajadores de adquisiciones que se irían de vacaciones hasta nuevo aviso, pero al ser consultado vía telefónica por LA PRENSA, este afirmó: “yo no estoy enterado de nada”. Posteriormente cortó la llamada telefónica.
La ministra de Educación, Miriam Raudez, al ser consultada también vía telefónica, decidió cortar la llamada. Después no volvió a contestar su teléfono personal.
La mañana de este lunes, los oficiales de la Policía Nacional mantenían resguardadas las oficinas de los exviceministros Marlon Siu y Norma Irías, desalojadas recientemente a solicitud de la Presidencia de la República.
Además, un vigilante de la empresa privada Servipro fue asignado a la Dirección de Informática para anotar los nombres y horas en que trabajadores y particulares llegaban a esta dirección, de donde —afirma la fuente del Mined— analizan los ordenadores del exviceministro Siu, el director de Adquisiciones, Freddy Reyes y el director Administrativo Financiero, Salvador Cruz.
De acuerdo con una fuente del Gobierno, la Presidencia investiga directamente —entre otras cosas— las contrataciones hechas por el Mined para la construcción de escuelas. Entre ellas están las adjudicadas a empresas vinculadas al diputado suplente del Frente Sandinista de Liberación Nacional y exdirigente estudiantil, Jasser Martínez Montoya.
La Comercializadora de Nicaragua S. A (Comnisa), por ejemplo, fue adjudicada por el Mined con un contrato por 22.5 millones de córdobas, en un proceso que violentó el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Sector Público, al usarse el formato de contratación simplificada, cuando este no era elegible debido a las condiciones del proceso.
La Empresa de Construcciones y Consultorías (Emdeco), también vinculada a Martínez, firmó un contrato por 48 millones de córdobas para la construcción de cinco escuelas en la zona norte de Nicaragua. Los términos de este contrato fueron incumplidos por Emdeco, pero el Mined no procedió a cancelar el contrato como lo manda la Ley de Contrataciones del Estado, sino que prefirió “darle un chance” para que cumplieran con la construcción de las escuelas.
1,000 millones de córdobas fueron destinados en 2014 para la reparación de escuelas. La ejecución de estos fondos será auditada directamente por la Presidencia de la República.
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