Leonor Álvarez
La Ley Especial para la Explotación y Exploración de Minas (Ley 387) establece que es al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) que le corresponde dar seguimiento al aprovechamiento racional de los recursos mineros que realiza la pequeña minería y la minería artesanal, a través de programas y acciones institucionales (artículo 39).
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El presidente de la organización civil Hagamos Democracia, Róger Arteaga, opina que el Gobierno da respuestas rápidas a las emergencias para mediatizarlas, pero no tiene interés de resolver los problemas sociales de fondo, a propósito de los 29 mineros que resultaron enterrados en la mina abandonada El Comal, en Bonanza, en la Región Autónoma de Atlántico Norte.
Arteaga valoró que los propósitos del gobierno orteguista son consolidarse en el poder como único partido, abolir las elecciones y privar a los ciudadanos de las libertades públicas, pero a largo plazo no le interesa resolver las problemáticas sociales.
El jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro, ha dicho que el caso de los 29 mineros fue un accidente y no contestó si era necesario establecer más controles de seguridad para evitar que otros mineros resulten enterrados en minas abandonadas.
Después del rescate de veinte mineros, de los 29 totales, el presidente inconstitucional Daniel Ortega mencionó que se iba a tomar medidas, pero no se ha hecho nada más hasta ahora.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional, Alberto Lacayo, propuso la creación de un marco legal que evite especialmente los riesgos de la minería artesanal, porque ha explicado que la actual Ley 387 está más dirigida a la minería industrial o corporativa y “tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el uso racional de los recursos minerales de la nación”.
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