Lucía Navas
Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), no objeta ese traslado, pero sí plantea que la reforma a la Ley de Casinos propuesta por el Gobierno, “no sea retroactiva” en el sentido que mantenga los incentivos fiscales obtenidos por las inversiones ya existentes en ese sector por medio de la Ley de Incentivos Turísticos.
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La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) está reteniendo por tiempo fuera de las normativas el desaduanaje de los contenedores con la materia prima importada por las pequeñas empresas y con ello pone en riesgo la sostenibilidad de la producción de las pymes. Esta es la queja que llevó ayer el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), a la comisión de seguimiento del Gobierno que lidera el asesor presidencial, Bayardo Arce.
Si bien Arce justificó que mientras no se le presenten los casos concretos de las empresas afectadas por el bloqueo de la Aduana, no pueden dar respuesta a la problemática, el empresariado exigió que se superen las trabas al comercio y a la producción local.
Alfonso Valerio, presidente de Conimipyme, explicó que hay una combinación de trabas entre la Aduana y el Instituto Nicaragüense de Protección y Sanidad Agropecuaria (INPSA), porque frenan los procesos de internación de la materia prima al someterles a inspecciones que tardan días.
Valerio dijo que presentaron a Arce el ejemplo de una empresa cárnica del sector mipymes, “donde el 56 por ciento de sus contenedores que entran (al país) son retenidos por bastante tiempo” en Aduanas.
El mantener retenida en las Aduanas y no llegar la materia prima a la planta “trae serios problemas a las pequeñas y medianas empresas porque a veces se ven paralizados por muchos días los procesos productivos y eso les hace incumplir a veces los contratos (de pedidos) en el exterior, y lo mismo con las obligaciones con sus clientes nacionales”, afirmó Valerio.
Los bloqueos a las empresas también son de parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), pues Conimipyme señala de no entregar las solvencias fiscales de exoneración a sus agremiados, pese a que estos cumplen con los trámites.
Al no tener las solvencias fiscales, igual los contenedores con materia prima importada no pueden ser liberada de los puestos aduaneros.
El gremio pyme reclamó a Arce que con estas acciones el riesgo de las mipymes es que pierden los contratos de venta a sus clientes al estar siendo forzadas por las entidades públicas a incumplir.
“Al no poder cumplir contratos lógicamente sus ventas (de las pymes) se van a bajar y pone en peligro la existencia de ellas en el mercado”, aseguró Valerio.
ARCE QUIERE CONOCER CADA CASO
Pese a que son constantes las quejas por las retenciones de mercaderías de parte de la DGA, incluso de forma irregular, el asesor presidencial para asuntos económicos pidió a las cámaras empresariales llevar la información concreta de los problemas.
“El caso de una microempresa no pone en juicio la eficiencia de una institución, independientemente de que aquí a simple vista (al ver los documentos) le dimos la razón a la microempresa y lo vamos a revisar para que se supere”, dijo Arce.
Una vez más Arce reclamó que durante el Día del Empresario Nicaragüense, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijera que han pasado al Gobierno una cantidad de sentencias del Tribunal Aduanero y del Poder Judicial que la Aduana incumple.
“No es cierto, no han pasado nada”, afirmó Arce.
LA PRENSA se comunicó con Aguerri, quien se limitó a responder que “cada caso que se recibe se ha pasado” al Gobierno.
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