Diputados opinan sobre si reformar o no Ley 779
Leonor Álvarez y Emiliano Chamorro
El jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro, dijo ayer que “tal vez” se tendría que reformar la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), en el caso de que se tengan que sustraer los artículos referidos a las sanciones penales, para agregarlos al Código Penal, esto como parte del proceso de homologación de todas las leyes penales del país.
“Yo creo que la Ley 779, si en algún momento tenemos que hacerle una revisión —(porque) las cosas se revisan y se perfeccionan—, hay que darle un poco más de carácter preventivo como lo quiere el reglamento”, dijo el diputado sandinista.
Sin embargo, Castro dejó claro que la Ley 779 tiene que seguir siendo integral y que de ninguna manera debe abandonar ese carácter. “Creo que la Ley 779 tiene que quedar como una ley de prevención y de educación, y puede ser que las sanciones penales puedan pasar al Código Penal y que la Ley Integral quede en la globalidad”, agregó Castro ayer en la Asamblea Nacional.
“NO SEGUIR MANOSEANDO LEY 779”
En cambio la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, Martha Marina González, no quiere que se siga modificando la ley e incluso está en contra de que se retiren los artículos de sanciones penales, porque considera que “no se debe seguir manoseando” la Ley 779.
La Ley 779 fue aprobada el 26 de enero de 2012 y fue reformada el 25 de septiembre de 2013.
“La Iglesia como institución no puede ni debe inmiscuirse como en un brazo del poder judicial o de la Policía, porque no es ese el rol de la Iglesia. La Iglesia puede coadyuvar al Estado en dirección de sanar a las familias, sanar a la sociedad, promoviendo los valores del reino referidos al tema de familia”, aseguró Rojas.
Sin embargo, el reverendo no ve adecuado que el Estado pretenda, y menos por imperio de la Ley, que la Iglesia se introduzca en este tipo de acción. “Es totalmente incorrecto”.
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“No veo las razones del porqué tengan que meterla, deformarla o deshacerla al gusto y antojo que le dé, yo creo que esa es una ley que la consultamos y las organizaciones que la trabajaron también la consultaron y nosotros no podemos estar irrespetando la opinión del pueblo”, dijo la diputada sandinista, al referirse a la propuesta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que implica homologar las sanciones penales en el Código Penal.
DISCIPLINA PARTIDARIA ANTE TODO
Sin embargo, si la propuesta llega al plenario de la Asamblea, la diputada González reconoce que es “disciplinada” y tendrá que votar en concordancia con su bancada del FSLN.
Por su parte, el diputado opositor Raúl Herrera dijo que no sería necesario reformar la ley, sino solo sustraer los artículos penales para transferirlos a los códigos correspondientes.
El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, dijo que es posible que ahora los diputados sandinistas quieran reformar la Ley 779, para “enmendar un poco lo que hicieron con el Reglamento”, el cual fue emitido por Decreto Ejecutivo y cambia términos y conceptos que ya estaban definidos en la Ley 779 e incluye como mediadores a religiosos, pastorales familiares y los Gabinetes de la Familia, los cuales son vistos como órganos partidarios del FSLN.
MEDIACIÓN “VOLUNTARIA”
En ese sentido, el diputado Edwin Castro explicó que la inclusión de los religiosos como mediadores en el Reglamento de la Ley 779, es de carácter “voluntario”.
“La participación de instituciones religiosas, católicas, protestantes u organizaciones de la sociedad en la prevención de la violencia y en la búsqueda de consolidar la familia, todas esas participaciones son voluntarias, es decir, a nadie se obliga, pero yo creo que estos organismos en su inmensa mayoría están presentes, de hecho lo hacen”, dijo Castro.
“ORTEGA ABUSA DE SU AUTORIDAD”
Por su parte, el obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, valoró que la reglamentación que el Ejecutivo hizo a la Ley 779 es “un abuso de autoridad” del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, porque convierte a la Iglesia en “auxiliar” de la Policía, la Fiscalía, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para aplicar la Ley en casos de violencia en contra de las mujeres.
“Los obispos coincidimos que hay un abuso de autoridad del presidente Ortega al pedir que sean las pastorales familiares, de las distintas iglesias, que lleven adelante esto, no podemos legislar, no somos miembros de ningún aparato estatal. Coincidimos en eso: que hay abuso”, expresó Mata.
El obispo de Estelí insistió en que el Reglamento es “anómalo” y lo que cabe es reformar la Ley. “Yo pienso que no hay buena consejería, porque, incluso de modo alguno ni siquiera nos consultaron; eso es abusar de la autoridad, va más allá de sus límites”, afirmó el obispo Mata.
El guía espiritual dijo que la Ley 779 debe humanizarse, pero “no es vía reglamento, pero como no hay Estado de Derecho, entonces, esto es gravísimo para la Nación, no existe respeto a la Constitución de la República”, reflexionó Mata.
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