La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó de “monstruosidad” y “aberración jurídica” el decreto del presidente inconstitucional Daniel Ortega, a través del cual emitió el reglamento.
A su vez considera Núñez, que el mismo representa una agresión psicológica para las mujeres, quienes a su criterio “se sentían un poco más seguras, pensando que había una ley” y con la cual podían detener la violencia de la que son víctimas. Y lo más grave es que (el reglamento) promoverá la impunidad, aseguró Núñez.
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A Lucía Hernández le inquieta que en el Reglamento de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, se establezca que promotores voluntarios integrarán las consejerías familiares establecidas como la primera instancia, donde las mujeres ventilarán en las comunidades sus problemas de violencia.
Hernández, promotora de derechos humanos, se pregunta “¿Cómo sabe este señor (Daniel Ortega) que estoy dotada para hacer mediación?”.
Una integrante del colectivo Ocho de Marzo, en Esquipulas, expuso su preocupación porque en ese municipio se afirme que no habrá más comisarías, por tanto todos los casos serán ventilados en Matagalpa. Pero nadie ha explicado los motivos.
Estas fueron parte de las inquietudes surgidas ayer durante un foro promovido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Red de Mujeres Contra la Violencia, para debatir sobre el reglamento de la Ley 779.
La catedrática Asunción Moreno, una de las expositoras en el mismo, sostuvo que el reglamento a la Ley 779 no tiene validez legal, pues está “fuera de tiempo y de materia”. Aconsejó a las defensoras de mujeres “volver al rescate de la ley”, pues recordó “ante la ilegalidad que tienen que utilizar argumentos legales”.
