Tania Sirias
“No existe voluntad política de parte del Gobierno para el cese a la violencia contra la mujer”, lamentó Luisa Molina, representante de la Red de Managua de la Coordinadora Civil.
Agregó que las políticas públicas del Gobierno “quedan nada más en discursos”, cuando lo concreto sería “asignar mayores recursos para su implementación”.
Estas declaraciones se dan en el contexto en que el Gobierno anunciaba una marcha contra la violencia por los últimos femicidios ocurridos en el país y luego fue cancelada sin dar mayores explicaciones.
“Al final no pueden ocultar la verdad, hay violencia contra la mujer, al punto que iban a salir a marchar quienes se supone deben proteger la vida de las mujeres”, sostuvo Molina.
También lamentó que ni las mismas instancias del Gobierno se ponen de acuerdo sobre las cifras de femicidios en el país.
Agregó que lo que debe hacer el Gobierno es asignar más presupuesto para que se cumpla con las leyes, pero además que se proteja y se dé atención a las víctimas de la violencia en el país. “La solución no es marchar contra ellos mismos, pues esto no tiene lógica para las organizaciones civiles”, reiteró Reynosa.
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CSJ CONTRA EL GOBIERNO
La marcha prevista para este viernes 11 de julio, fue suspendida por la coordinadora del consejo de comunicación y ciudadanía del Gobierno, Rosario Murillo. Entre las razones, dijo Molina, podría ser que el Gobierno pretende mantener la imagen de un país seguro para las mujeres.
Otro de los motivos es la falta de institucionalidad, ya que todos los poderes están subordinados al ejecutivo, por lo que no hay coherencia entre discurso y las políticas públicas.
“Esto obligó a la magistrada (de la Corte Suprema de Justicia) Alba Ramos a ponerse al frente de una marcha en contra del Gobierno”, dijo Molina.
INTERPRETAN LEYES
Otra de las contradicciones del Gobierno, fueron las declaraciones brindadas por el comisionado general Francisco Díaz, quien afirmó que solo 18 femicidios se reportaron en el primer semestre del año.
Xochilt Villarreal, del Movimiento por Nicaragua (MpN), recomendó al funcionario leer la Ley 779, Ley Contra la Violencia Hacía las Mujeres, donde queda claro que es el femicidio y eso evitará “hacer interpretaciones antojadizas”.
“La Policía no debe esconder los datos reales, a la fecha van 52 casos de femicidios en el país y no 18 a como pretenden hacernos creer”, expresó Villareal.
El artículo nueve, inciso “h” establece que femicidio es cualquiera de las circunstancias contempladas en el delito de asesinato.
LOS HECHOS DE LA CONTRADICCIÓN
Jueves 26 de junio. Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno, anunciaba en su acostumbrado discurso diario, una marcha para “exterminar el virus de la violencia” contra la mujer en el país.
Viernes 27 de junio. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos anunciaba en conferencia de prensa que encabezaría la marcha contra la violencia de género e instaba a los otros poderes del Estado a sumarse a esa movilización, la cual había sido convocada por Murillo.
Ese mismo día por la tarde, autoridades de la Alcaldía de Managua, declaraban este municipio como “la capital de la no violencia contra la mujer en Centroamérica”, durante el Tercer Encuentro Regional Integradas con Seguridad por una Región Libre de Violencia hacia las Mujeres.
Viernes 4 de julio. Una semana después, el comisionado general Francisco Díaz descalificaba las cifras del Ministerio Público y la misma Ley al decir que solo 18 femicidios se reportaban hasta junio de este año.
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