Elízabeth Romero
Danilo Carvajal llevaba dos meses preso en la Cárcel Modelo de Tipitapa, cuando fue sacado de forma sorpresiva a eso de las 8:00 p.m. de la galería 1, celda 100, de ese penal. De allí lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para ser investigado por el crimen de Juana Yolanda Jiménez Báez, al cual lo vinculaba la Policía porque él había adquirido una propiedad que le había pertenecido a esta.
Jiménez Báez fue asesinada junto a un hijo y sus cuerpos fueron encontrados en el sector de la comarca El Pochote, Masaya, en agosto pasado. Ella era la viuda de Wilfredo Barraza, quien también había sido asesinado anteriormente.
Carvajal relató que en esa ocasión fue sacado de la Modelo, “sin orden judicial sin nada (…) acusándome por simple hecho de haber comprado un local”. Pero la Policía informó en esa ocasión, cuando ocurrió el crimen, que el hecho estaría ligado a un caso de usura.
No obstante, meses después y ya en libertad Carvajal sostuvo que para que “confesara” complicidad en ese crimen la Policía lo condujo a una celda del sótano de la DAJ, donde permaneció cinco días. “Te meten desnudo y te están echando agua. No hay de dónde agarrar agua y de pronto te cae el chorro”, denunció Carvajal.
El hombre explicó que esto ocurría entre dos y tres de la madrugada, mientras dormía. El agua salía de un hueco en la pared, porque no hay tubos, le dejaban caer el chorro que mantenían por mucho tiempo, y así “estás en una pila de agua (y) hasta como a las cinco, seis horas baja (el agua)”.
Carvajal afirmó que por ese caso estuvo 14 días en la DAJ, mientras duró la investigación del caso de la viuda de Barraza, y fue con las pruebas de su firma, el careo con la abogada e implicada en el crimen, que según él pudo comprobar que no había ordenado ningún crimen desde la cárcel como se le acusaba y fue devuelto a la Penitenciaría.
El jueves de la semana pasada LA PRENSA solicitó información sobre este caso al vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, quien ofreció consultar sobre el tema, pero nunca hubo respuesta.
No obstante, en reiteradas ocasiones las autoridades policiales han negado que haya tortura. Pero la respuesta de Carvajal, quien dice es retirado de Gobernación y militante sandinista, fue: “No, no, allí hay tortura desde que entrás allí es una tortura, tortura psicológica… el maltrato existe”.
Carvajal alegó que el delito por el cual estaba detenido fue por retención indebida. La Policía dijo en ese momento que era por robo de vehículos, de acuerdo con archivos periodísticos.
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Carvajal describió el sitio donde estuvo cinco de los 14 días que lo llevaron a visitar la DAJ como un sitio oscuro, en un sótano donde hay ratas, “horrible”, a donde llegó después de descender por una escalera en forma de “caracol”. En el lugar había una cama de cemento y una ventana desde la cual le introducen la comida.
El hombre que ahora reclama a las autoridades la propiedad por la que dice fue implicado en un crimen, aseguró que al pisar el lugar escuchó desde otras celdas voces que le preguntaban: “¡Ey! ¿Cómo te llamás?… ¿ya sabe tu familia?”
Esto porque la mayoría de la gente cuando son llevados a ese lugar sus familiares desconocen dónde están. En su caso, manifestó que cuando sus familiares se presentaban a dejarle comida en la Modelo les decían “que estaba en una celda de castigo porque había apuñalado a un hombre”.
¿TORTURA, COSA DEL PASADO?
A propósito de la llegada al país del Subcomité Contra la Tortura, el 7 de mayo pasado, el magistrado Rafael Solís aseguró que “la tortura en Nicaragua es cosa del pasado”, según una nota publicada en el sitio web del poder judicial.
“La situación actual de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante”, expresó en un comunicado Enrique Font, jefe de la delegación del Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas al concluir su visita a Nicaragua.
LATINOAMÉRICA UN MAL EJEMPLO
El 28 de junio la agencia EFE publicó declaraciones en Washington, del relator especial de la ONU Para la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, el argentino Juan Méndez, quien denunció que en América Latina “los delitos se investigan torturando a los acusados”.
Y aunque dice Méndez que “la tortura como la conocimos en las épocas de las dictaduras militares, dirigida al enemigo político, con un altísimo grado de violencia y sadismo y con mucha impunidad, ya no se produce en América Latina”, sin embargo, “el modo ordinario de las Policías de investigar delitos ha mantenido un residuo de brutalidad muy grande. Los delitos se investigan torturando a los acusados. Son torturas más acotadas en el tiempo y con métodos tal vez menos brutales, aunque de todas maneras inaceptables”, sostuvo Méndez.
El director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, recordó que “los mecanismos de protección frente a la tortura existen, porque existe la tortura y los malos tratos”.
Y estimó que Nicaragua no es la excepción de ese tipo de práctica, al tiempo que consideró que en el país hay una deuda en cuanto a las sanciones correspondientes, así como de medidas legislativas que deben adoptar para contribuir a que esta conducta no quede en la impunidad.
Desde el 2008 el Comité Contra la Tortura recomendó a Nicaragua reforme el Código Penal, para que la definición de tortura se adecue a la establecida por la Convención Contra la Tortura, así como que reforme el Código Penal Militar para establecer el delito de tortura en el mismo. Ampié apuntó que actualmente esta conducta solo es abordada bajo la figura de las lesiones que ameritan una pena inferior.
“El Gobierno ha hecho caso omiso a estas recomendaciones”, refirió Ampié quien señaló que estos órganos de tratado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no dejarán de hacer estas recomendaciones hasta que Nicaragua no las implemente. Lo que desde su óptica tiene un costo en la imagen de país y la del Gobierno de turno
En un recordatorio que ese Comité le hizo al Gobierno en febrero del presente año establece que Nicaragua tiene pendientes 17 recomendaciones la incorporación de la definición de la tortura es una de ellas. Ampié aclaró que en el país está definida la tortura, pero la definición no es conforme totalmente a lo que establece la convención, pues la definición misma debe tener una referencia a los actos de autoridad, la actual no hace el vínculo en la misma definición, según los expertos.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, señaló que ellos han conocido de boca de familiares de presos “verdaderas denuncias de tortura”.
“Coincidimos con el relator que donde hay más situación de tortura es en el área investigativa”, indicó Cuevas, tras referir que “es un hecho que hay oficiales investigadores de la Policía que tratan de obtener confesiones de los detenidos y no solo de investigados sino hasta de testigos, por medio de la tortura”. Y los denunciantes les plantean que tienen miedo pues los funcionarios les advierten que de haber denuncias tomarán acciones contra ellos, señaló Cuevas.
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