Yohany López
Fonseca reconoció que si los transportistas elevan el costo de su servicio no habrá mucho por hacer, más que asumir el aumento o trasladarlo al precio de los productos.
Se esperaba que el informe estuviera listo a inicios de esta semana, pero hasta ayer no se conocían sus resultados.
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“Es un tema que las empresas manejan desde que se dio la crisis petrolera en 2008 cuando el petróleo alcanzó los 148 dólares por barril y ahora lo que hacen es manejarlo a través de la eficiencia”, refirió el dirigente de los empresarios.
A su vez agregó que la expectativa es que se introduzcan al país vehículos que no usen otros tipos combustibles, para reducir la dependencia del petróleo y lo único que para Aguerri queda es apostar a la eficiencia, ahorro y fortalecimiento de la logística.
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Unos 50 millones de córdobas mensuales o bien unos 600 millones de córdobas por año son las pérdidas que provocan las constantes alzas en el precio de los combustibles a los transportistas de carga. Por lo que solicitan a las autoridades una reforma a la ley que permita controlar el precio de los combustibles, para evitar un ajuste de tarifas.
Para Marvin Altamirano presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses (ATN) estas cifras son estimaciones que reveló un análisis realizado por el sector para determinar los daños directos que causan en sus ingresos los constantes incrementos en el precio de los combustibles.
Dirigentes de la ATN se reunieron este martes con delegados del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) para valorar la situación y buscar soluciones conjuntas.
Altamirano dice que los delegados ministeriales les pidieron un tiempo prudencial —al menos una semana—, para analizar la propuesta presentada por ellos, de la que evitó revelar detalles.
El sector tomó como primera opción presentar la problemática a los representantes ministeriales. Pues quieren evitar la ejecución de medidas de fuerza, como paralizar el servicio.
Esperan que el Gobierno sirva de interlocutor y mediador, para buscar medidas alternas conforme la Ley General de Transporte Terrestre, Ley 524 para que la actividad siga garantizando puestos de trabajo a cientos de personas.
“En este sector el setenta por ciento (de los ingresos) es para combustible en las operaciones del flete y el restante treinta por ciento para gastos administrativos y un reducido margen de ganancia. Entonces cuando le suben cinco córdobas a un galón de combustibles nos afectan directamente”, manifestó Altamirano.
Agregó que la regulación en los precios de los combustibles debería ser una negociación similar a la del salario mínimo donde haya representación tanto del ente regulador que es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y representantes de las empresas distribuidoras de petróleo y sectores vinculados al transporte.
Altamirano reiteró que las afectaciones finales se dirigen a los usuarios de cualquiera de sus servicios, que tendrían que pagar más por este. Asimismo consideran necesarios los acercamientos con las autoridades gubernamentales para evitar afectaciones mayores o incurrir en las amenazas que han hecho de paralizar sus funciones como sector.
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