Arcia recurre contra sentencia

El empresario Milton Arcia introdujo ayer un escrito en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de la sentencia aclaratoria número 850, que la Sala Constitucional de este poder del Estado pronunció en su contra el viernes pasado.

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Diputados cuestionan actuar de la CSJ

Martha Vásquez

El empresario Milton Arcia introdujo ayer un escrito en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de la sentencia aclaratoria número 850, que la Sala Constitucional de este poder del Estado pronunció en su contra el viernes pasado.

Arcia, quien tiene un litigio contra la Alcaldía de Managua desde el año pasado, por un negocio ubicado en el Malecón de Managua, señaló que está pidiendo la nulidad de la sentencia a los magistrados en Corte Plena, “porque se hizo bajo un procedimiento anómalo”, donde la procuradora laboral Georgina Carballo no acreditó su representación legal.

Arcia señaló que la Sala Constitucional al pronunciar dos sentencias contradictorias en 24 horas de forma oficiosa se extralimitó en sus funciones y a través de una simple aclaración cambió el fondo de la sentencia, contrario a la finalidad de esta herramienta, que es solo aclarar puntos oscuros o incomprensibles de una sentencia.

En el escrito, Arcia pide a la presidenta de la CSJ que convoque a Corte Plena para conocer recurso de reposición en contra de la sentencia número 850, misma que califica como “ilegal, ilícita e improcedente”.

ANTECEDENTES

Arcia introdujo dos recursos de amparo ante la CSJ, porque la alcaldesa inconstitucional Daysi Torres decidió multarlo con 1.2 millones de córdobas e intervenir el puerto turístico Rubén Darío, negocio que levantó el empresario en el Malecón capitalino.

Ante ello, el 5 de junio, la Sala le notificó una sentencia a su favor reconociendo sus derechos sobre el negocio ubicado en el Malecón, pero un día después le notificó la revocación de dicha sentencia, resolución formada por los magistrados orteguistas Rafael Solís, Francisco Rosales, Ligia Molina y Armando Juárez.

La primera sentencia que reconocía los derechos del empresario fue firmada por Rosales, Molina, Juárez, Manuel Martínez y Carlos Aguerri.

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