Douglas Marín
San José/ACAN-EFE
La detención de una jueza sospechosa de liberar narcotraficantes ha encendido las alarmas en el Poder Judicial de Costa Rica, que buscará determinar el alcance de la penetración del crimen organizado antes de que sea demasiado tarde.
La Corte Suprema de Justicia reaccionó esta semana casi de inmediato tras conocer el caso de la jueza, y creó una comisión de alto nivel que se encargará de investigar y elaborar un informe sobre las zonas del país más vulnerables al narcotráfico.
El grupo investigador está integrado por la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, su vicepresidente, José Manuel Arroyo; el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas; el de la Sala Segunda, Orlando Aguirre y el de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla.
Además, participan el presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo; el fiscal general, Jorge Chavarría, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura.
Esta comisión se creó luego de que la semana pasada las autoridades arrestaran a una jueza de apellido Gamboa, como sospechosa de liberar narcotraficantes en la provincia de Limón (Caribe) a cambio de dinero.
La mujer, de 62 años, es sospechosa de cometer los delitos de corrupción y tráfico de influencias desde el año 2011.
Entre los hechos que se le atribuyen a Gamboa están la revocación de una medida de prisión preventiva a uno de los máximos narcotraficantes de la zona del Caribe, quien en la actualidad se encuentra en fuga.
Otro caso tiene que ver con la liberación de varios miembros de una organización ligada también al narcotráfico.
Pese a que no se ha determinado que exista una penetración a gran escala del narcotráfico en la justicia costarricense, las autoridades desean contar con la información necesaria para prevenir que eso suceda.
El Poder Judicial costarricense también trabaja en proyectos de ley para reforzar su régimen disciplinario y para evaluar el desempeño de las fiscalías que conocen de narcotráfico, anticorrupción y lavado de dinero.
Además, tiene planeado reforzar la capacitación especializada a sus funcionarios en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la función judicial.
Pero decisiones de jueces a favor de supuestos narcotraficantes no han sido tan extrañas en Costa Rica durante los últimos años.
El más reciente se produjo el pasado 7 de mayo cuando un tribunal rechazó dictar prisión preventiva contra tres costarricenses detenidos con 1,9 toneladas de cocaína en el Pacífico del país y solo les ordenó presentarse a firmar cada 15 días.
Tras una apelación de la Fiscalía, seis días después, el Tribunal Penal de Golfito, en el sur de Costa Rica, ordenó seis meses de prisión preventiva contra los sospechosos.
El caso más sonado de los últimos años ocurrió en 2011 cuando una jueza de apellido Jiménez ordenó cambiar la prisión preventiva por la casa por cárcel para dos mexicanos sospechosos de cargar una avioneta con 177 kilos de cocaína y luego tratar de escapar del país.
Los vecinos de un barrio de San José realizaron una protesta para evitar que los mexicanos se instalaran en su comunidad y finalmente un Juzgado prorrogó la prisión.
Costa Rica se ubica en el centro de América, una zona geográfica estratégica para los grupos productores de drogas que envían cargamentos desde el sur del continente hasta el norte, donde se encuentra un grandes distribuidores y consumidores.
En la última década las autoridades costarricenses han detectado un aumento en la presencia de grupos narcotraficantes locales que se encargan de trabajar con carteles de México y Colombia en la logística para almacenar droga en Costa Rica y abastecer de combustible embarcaciones en el océano.
Pero también se han constituido organizaciones que exportan droga a Europa desde Costa Rica escondida, por ejemplo, en cargamentos de frutas, de plantas, de verduras y hasta de pescado.
Según datos oficiales, a lo largo de los últimos ocho años las autoridades costarricenses han decomisado unas 150 toneladas de cocaína.
Cálculos de las autoridades costarricenses indican que cada kilo de cocaína en el mercado local puede valer 8.000 dólares, mientras en otros países de Europa o Estados Unidos alcanza hasta los 35,000 dólares.
