Elízabeth Romero
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), las recomendaciones aceptadas por Nicaragua en la 19 sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), deben servir para el reclamo de los grupos de población actualmente excluidos.
A su criterio, las recomendaciones aceptadas y aquellas que dicen que ya cumplen, el Gobierno —a través de la misión que fue a Ginebra— las aceptó porque tenían que ser coherentes con el informe que presentaron.
Recordó que en ese informe describen algunas acciones que han realizado para tratar de mejorar las condiciones de vida de la población, que podrían ser buenas, pero que al aplicarlas “las han desnaturalizado”, pues “las han contaminado por la manera sesgada y sectaria” con que las han aplicado, convirtiéndolas “en medidas prebendarias”, aunque eso no fue reflejado así en el informe que presentó en Ginebra la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, a cargo de la delegación por Nicaragua.
Y considera que esas recomendaciones en las que hablan de mejoras del nivel de vida de los nicaragüenses y que se refieren a servicios como agua y educación deben servir para el reclamo de los excluidos, pues actualmente tienen que pedir la recomendación a los Gabinetes de la Familia.
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En lo relacionado con la solicitud de empleo, Núñez dijo que cabe preguntar “¿por qué si no voy a una manifestación política me corren del empleo?” o “¿por qué si reconocen normas laborales (que por ejemplo dicen están en curso de cumplir) no le han pagado indemnización?” a más de 23,000 empleados del Estado y a quienes han privado de un derecho humano como es su derecho al empleo.
CUMPLIR LEYES LABORALES
En la recomendación 115.2, que fue hecha por la representación de Estados Unidos, el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece “hacer cumplir las leyes laborales con las sanciones adecuadas por violaciones, y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos, independientemente de su afiliación política”. Esta recomendación está entre las 8 recomendaciones que en el informe se señalan como que cuentan con el apoyo del Gobierno, por considerar “que ya están implementadas o en proceso de implementación”.
Esto, para el secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, es la aceptación expresa por parte del Gobierno de “que aquí se han irrespetado de manera flagrante los derechos de la clase trabajadora, y de mayor incidencia en los empleados públicos”.
Llama la atención a Leiva Sánchez la recomendación 14.64 aceptada por Nicaragua, y que planteó Canadá que está relacionada con el acceso a la justicia, en la que se establece: “Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes y la debida independencia del poder judicial para garantizar el derecho a procesos judiciales justos”.
En el caso particular del sector, recordó que es uno de los derechos que más se les ha irrespetado cuando se han visto obligados a recurrir a los tribunales para el pago de las liquidaciones de los servidores públicos despedidos.
DUDA QUE ELGOBIERNO CUMPLA
Según dijo, tiene dudas de que se llegue a cumplir esta recomendación, pues tanto en los procesos administrativos en el Ministerio del Trabajo como en las instancias judiciales laborales, ha habido “una falta de justicia laboral imparcial e independiente”, lo que ha generado impunidad y falta de credibilidad en las instancias que tutelan esos derechos.
Entre las recomendaciones también está la planteada por Perú, de “continuar la armonización de la legislación nacional con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la consulta previa de los pueblos indígenas”.
La Fedetrasep mantiene una queja ante la OIT sobre la discriminación que existe sobre el derecho al trabajo de los indígenas de Monimbó, por lo que se mostró esperanzada de que esta aceptación a la recomendación del Perú represente una verdadera voluntad política del Gobierno de respetar el derecho de los pueblos indígenas que han sido discriminados en sus derechos.
La presidenta del Cenidh señala que el cumplimiento de estas recomendaciones aceptadas por el Gobierno debe ser un reto para la población para verificar que se cumplan.
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