AFP
La primera reunión entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para poner fin a dos meses de sangrientas protestas terminó sin avances, tras seis horas de cruces de acusaciones en un cara a cara retransmitido por televisión.
El presidente Nicolás Maduro, acompañado de su estado mayor, recibió ayer jueves en el palacio de Miraflores al dos veces derrotado candidato de la variopinta alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, en un encuentro al que faltó el ala radical de la oposición que busca forzar, con protestas callejeras, la renuncia presidencial.
El encuentro, arrancado con fórceps tras arduas gestiones de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tuvo como «testigos de buena fe» a los ministros de Exteriores de Ecuador, Brasil y Colombia, además del nuncio apostólico, quien leyó un mensaje del papa Francisco.
Maduro rechazó las principales propuestas de los opositores -amnistía de presos, desarme de grupos civiles afines al oficialismo-, y les propuso que se integraran en mesas y comisiones, convocándoles a una nueva reunión el martes con un triunvirato gubernamental.
El presidente «pierde una gran oportunidad de realizar una cesión estratégica a la oposición para levantar la esperanza [de la población] en el dialogo», dijo el politólogo Luis Vicente León, director de la empresa Datanálisis, cuando concluyó el encuentro.
Discursos reiterados
Maduro, en una introducción de casi una hora, enumeró una larga lista de recriminaciones a los opositores, entre ellas los llamamientos de sectores radicales a su derrocamiento, y les pidió «una condena a la violencia como forma de hacer política, como forma y estrategia para cambiar gobiernos».
Vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja, Maduro -quien había anticipado que no habría «ni negociación ni pacto»- presentó el encuentro como «coexistencia pacífica de los dos modelos que hay en Venezuela: el socialismo bolivariano y humanista, y el que representan ellos en la oposición».
Durante el encuentro en el Salón Ayacucho -el mismo sitio donde juró como fugaz presidente el empresario Pedro Carmona en el golpe de Estado de 2002 contra el fallecido mandatario Hugo Chávez-, Capriles replicó que «Venezuela está en una situación sumamente crítica» y aseguró: «Ni queremos un golpe de Estado ni queremos un estallido social (…) Queremos que este problema se resuelva (…) Respetemos la Constitución, dejemos la represión».
Desde hace nueve semanas, Venezuela soporta protestas, algunas degeneradas en disturbios, que han dejado 40 muertos, 600 heridos y un centenar de denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin que el Gobierno y los opositores se sentaran a una mesa de discusión hasta el jueves.
«En una democracia, el diálogo debe ser la regla, no la excepción», destacó el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Aveledo, quien puso sobre la mesa dos temas que el Gobierno rechaza siquiera mencionar: amnistía a detenidos y desarme de grupos civiles armados cercanos al Gobierno.
«Vamos a hablar de la libertad para los presos políticos y del regreso de los desterrados por motivos políticos […] vamos a hablar de los impropiamente denominados colectivos, organizaciones cuyos rasgos de paramilitarismo son demasiado obvios como para ignorarlos», aseveró el dirigen opositor.
El presidente -un exconductor de autobús y sindicalista- rechazó tratar esos dos temas. «Hay tiempo para la justicia y hay tiempo para el perdón. Es tiempo para la justicia», enfatizó el jefe de Estado, quien defendió una vez más a los colectivos, uno de los cuales [Tupamaros] participó esta noche de la delegación del Gobierno con la inclusión de su líder, José Pinto.
«Yo pido respeto por los colectivos. Son en esencia grupos de trabajo social», dijo. El encuentro fue difundido íntegramente en cadena obligatoria de radio y televisión, a solicitud de la oposición y con el acuerdo del Gobierno, «para que lo vea toda Venezuela y no haya malentendidos».
Horas antes del inicio del diálogo, el politólogo John Magdaleno anticipó a la AFP su escepticismo sobre un encuentro al que la oposición acude porque representa una oportunidad «para plantear algunos temas a debate público» mientras que Maduro accede por presiones internacionales, resultado de la «imagen negativa de su Gobierno» en el mundo.
Dos meses de revueltas
Venezuela, el país con mayores reservas petroleras mundiales, está cruzado por protestas desde el 4 de febrero, cuando estudiantes de San Cristóbal se manifestaron en rechazo a la inseguridad. Es el segundo país con mayor tasa de homicidios del mundo, según las Naciones Unidas.
Las protestas se extendieron al resto del país incorporando demandas contra la crisis económica y de inmediato se sumaron sectores radicales de la oposición bajo el lema «La salida». La estrategia de ocupar las calles y forzar la renuncia de Maduro, electo en abril de 2013, lo que llevó al presidente a calificar el movimiento como «golpe de Estado en desarrollo».
El opositor encarcelado Leopoldo López, del ala radical de la MUD, junto con María Corina Machado, diputada opositora destituida de su escaño al calor de las protestas, fueron promotores de aquella táctica insurreccional que derivó en frecuentes combates callejeros nocturnos entre grupos de encapuchados armados con cócteles molotov y piedras, unidades antidisturbios y, a veces, pelotones de civiles armados no identificados.
