San José/ACAN-EFE
La Sala Constitucional de Costa Rica informó este martes que ha establecido que los salarios de los funcionarios estatales deben ser de acceso y conocimiento público, al resolver un recurso de amparo presentado por un periodista.
«El principio de publicidad administrativa prevalece sobre el derecho a la intimidad, toda vez que tales sueldos son pagados con fondos públicos, por lo que se justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control», indicó la Sala Constitucional en un comunicado.
Agregó que el salario de los funcionarios públicos «no puede ser catalogado como un dato personal de acceso restringido», debido a que es «de interés de todo ciudadano conocer el destino preciso y velar por el correcto uso de los fondos públicos».
El fallo del tribunal, con fecha del pasado viernes pero divulgado este martes, resuelve un recurso de amparo presentado por el periodista Alejandro Fernández contra la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El comunicador argumentó que solicitó a la CCSS información relacionada con los salarios de los funcionarios entre 1990 y 2013, pero la entidad prometió entregarle los datos condicionado a que, por su volumen, tenía que crear una rutina informática particular, en un tiempo indeterminado.
En su fallo, la Sala Constitucional dio un mes a la CCSS para que establezca el plazo que necesitará para construir la plataforma informática que permita la extracción de los datos.
Los magistrados agregaron que el ciudadano no está obligado a justificar ante la administración pública las razones por las que requiere acceder a los datos.