Una vez más el poder electoral, tal como está constituido, no fue capaz de garantizar una elección transparente y creíble. Los partidos políticos de oposición que participaron en las recién pasadas elecciones regionales del Caribe norte y sur del país, han denunciado un cúmulo de irregularidades, entre las que se mencionan la demora en la entrega de las cédulas a centenares de ciudadanos quienes, por tal motivo, no pudieron votar; la distribución partidaria de cédulas; la ostensible manipulación del padrón electoral; la conocida artimaña del ratón loco; militares no oriundos de la Costa a quienes se les permitió votar, etc , todo lo cual configura el escenario de un nuevo fraude electoral, que viene a agregarse a la cadena de los perpetrados en 2008, 2011 y 2012.
Ante esta situación, la Unidad por la República, integrada por tres partidos políticos (PLI, MRS y PAC), más una docena de organismos de la sociedad civil, ha emitido un pronunciamiento a la nación de denuncia y protesta por el hecho de ser Nicaragua el único país de América Latina que actualmente carece de un sistema electoral creíble, capaz de garantizar elecciones justas y transparentes, con el debido respeto al voto ciudadano depositado en las urnas.
En su pronunciamiento, la Unidad por la República urge a la Asamblea Nacional proceda a elegir la totalidad de los cargos con plazo vencido, sin incurrir en componendas prebendarias, sino eligiendo ciudadanos o ciudadanas de reconocida capacidad profesional, honestidad y compromiso con la democracia, la Constitución y las leyes.
Sin embargo, la Unidad por la República considera que, en el caso del Consejo Supremo Electoral, no basta con elegir candidatos con tales cualidades, sino que la elección debe estar supeditada al cumplimiento de un programa de reformas al sistema y estructura electoral, de manera que la ciudadanía recupere la confianza en los procesos electorales que representan la manera civilizada, cívica y pacífica de dirimir las diferencias políticas. Este es el mejor camino que permitiría al pueblo nicaragüense superar la situación actual de total bancarrota institucional y concentración de poder, e impedir la apelación a la violencia.
Con estos antecedentes, la Unidad por la República, teniendo presentes las diferentes propuestas formuladas por organismos de la sociedad civil y empresarial, así como las recomendaciones de los informes de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea, propone a la ciudadanía y a todos los sectores organizados de la sociedad, suscribir una petición reclamando la restitución del derecho del pueblo nicaragüense a tener elecciones libres, justas y transparentes, sobre la base de los puntos siguientes:
1. Creación de un instituto autónomo de cedulación de carácter técnico, que desvincule la emisión del documento de identidad de los procesos electorales y asegure su entrega libre de manipulaciones partidarias.
2. Una Ley de partidos políticos que garantice su funcionamiento autónomo e impida que sean privados de su personalidad jurídica sin ningún fundamento o por no participar en un proceso electoral.
3. Separar las funciones administrativas y técnicas del CSE de las jurisdiccionales relativas a la justicia electoral (decisiones sobre recursos de impugnación, etc ).
4. Integrar las Juntas Receptoras de Votos con ciudadanos electos por sorteo en cada circunscripción electoral;
5. Garantizar la presencia y funcionamiento de observadores nacionales e internacionales en los procesos electorales;
6. Facilitar, con la anticipación del caso, la incorporación de los fiscales de los partidos políticos.
y 7. Reglamentar la Ley Electoral para reducir al mínimo la facultad discrecional del CSE.
No cabe, en las condiciones actuales, participar en ninguna nueva elección mientras no se lleve a cabo la profunda reforma del sistema electoral que propone la Unidad por la República. Corresponde a la ciudadanía consciente del país, que sabe el peligro que significa confiscar a un pueblo el derecho a tener elecciones libres y creíbles, respaldar con su firma el reclamo nacional que propone la Unidad.
El autor es catedrático y jurista.
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