[imported_image_600x400_1392702539_Nuevos impuestos]
Lucydalia Baca y Gloria Picón
Representantes del sector productivo advierten que la implementación de las nuevas disposiciones fiscales —impuestas por el ejecutivo la semana pasada, a través del decreto 06-2014 que reformó el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria (LCT)— elevarán el costo de operación del sector.
Eso los obligará, dijeron, a trasladar el incremento al precio de los productos de la canasta básica o a escudarse en la informalidad.
PAGO DE NUEVOS IMPUESTOS
Representantes de la empresa privada y expertos fiscales aún determinan los alcances del decreto publicado el jueves pasado. Pero adelantan que entre las afectaciones más evidentes están la imposición de dos nuevos impuestos municipales a las transacciones mayores a cuarenta millones de córdobas anuales que se realizan a través de la Bolsa Agropecuaria.
A las transacciones mayores a cuarenta millones de córdobas anuales se les impuso el pago del uno por ciento del impuesto municipal sobre las ventas brutas. Y el pago de matrícula, que corresponde al dos por ciento sobre el promedio de ventas de los últimos tres meses del periodo.
Se estima que en total, la Bolsa Agropecuaria del país transó durante el 2013 cerca de 30 mil millones de córdobas. Al menos el treinta por ciento de las transacciones superan los cuarenta millones de córdobas anuales, dijo Luis Arévalo, gerente general de la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua SA (Bagsa).
“Eso es una extralimitación de funciones del ejecutivo, que anula e invade al poder legislativo”, afirma Báez.
En cuanto a la retroactividad que se establece a los nuevos tributos, Báez indica que violenta el principio e irretroactividad de la ley. Y que esa retroactividad a un año fiscal que ya pasó, provocará una oleada de cambios en las declaraciones parciales que se presentaron durante el 2013, lo cual provocará una anarquía tributaria. Esa retroactividad también roza con la Constitución”, afirma.
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NO CONSULTARON MEDIDAS
“Lo primordial es que no nos consultaron sobre las medidas. Las publicaron arbitrariamente, y como consecuencia lo que va a suceder es que el precio de muchos de los productos sensibles de la canasta básica van a tener que subir. Entre ellos el del arroz, la harina para el pan y hasta el frijol negro que se está enviando a Venezuela”, previno Felipe Argüello, gerente general de Bolsa Agroindustrial de Upanic (Bolsagro).
Para Arévalo, elevar los precios no es la solución. “Porque se conoce que hay una industria informal muy amplia que no sufrirá la afectación y podrá mantener los precios. Entonces si los formales suben el precio, corren el riesgo de no vender. Evidentemente esto a lo que contribuye es a la informalidad”, asegura.
Arévalo y Argüello confían en que se ponga en su debido contexto la afectación que la medida ocasionará para que se corrija.
Adicionalmente, no entienden que el decreto establezca retroactividad a partir del 1 de enero del 2013 —que fue cuando entró en vigencia la LCT—, a las nuevas disposiciones.
Esperan que a través del canal de comunicación que mantiene el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) con el Gobierno “se corrija este exabrupto que se cometió. Se analice y se reflexione y se busque una solución a los problemas de liquidez del Gobierno a través de otra vía”, aconseja Arévalo.
NO HAY «APETITO ESPECIAL» DEL GOBIERNO
Pese a que el sector asegura no haber sido consultado en torno a las nuevas disposiciones que consideran buscan incrementar la recaudación, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional negó que haya “interés especial o apetito especial” de parte del Gobierno en aumentar las recaudaciones fiscales.
“Eso no es cierto, el Gobierno como tal es una institución sumamente responsable y lo que hay es una permanente responsabilidad de mantener el nivel de recaudación apropiado, que venga a satisfacer las proyecciones presupuestarias ya aprobadas por la Asamblea Nacional, pero no tengo información sobre que haya interés especial, preocupación especial o apetito especial recaudatorio, eso es completamente falso”, recalcó Gutiérrez.
El diputado también negó que el reglamento se haya elaborado a espaldas de la empresa privada, señalando que si hay una inquietud, bien puede resolverse en la mesa de diálogo que el Gobierno y el Cosep mantienen desde hace varios años.
“Hasta donde tengo entendido, ese reglamento se estuvo trabajando de manera muy cercana con representantes técnicos del sector privado, que no haya quedado en un ciento por ciento de acuerdo y que el reglamento haya salido, eso es otra cosa, si hay algunos elementos en ese reglamento sobre los cuales aún se genera cierto descontento, puede llegarse a la mesa política que es la mesa de conversación Gobierno-sector privado, pero de ahí a decir que el reglamento en su conjunto se trabajó a espaldas del sector privado, no es totalmente cierto, es falso”, dijo el parlamentario.
Mientras tanto, Edwin Castro, jefe de Bancada Sandinista no quiso referirse al respecto, argumentando que ese no es su tema.
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